Todos contra Pilar Farjas por la vacuna de la varicela

Javier Barbado. Madrid
Cada vez más agentes del Sistema Nacional de Salud (SNS) se adhieren al rechazo de que la vacuna de la varicela no se dispense en las farmacias españolas, salvo en las de Navarra, Ceuta y Melilla, debido al calendario vacunal impuesto por la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, y apuntan, entre otros riesgos de la desigual distribución, el perjuicio para la salud pública, desde el punto de vista epidemiológico, de que el tratamiento preventivo se facilite solo en esos territorios.

Marta Vera, Jaime Giner, Conxita Tarruella, Toni Cantó y Manuel Llombart se han mostrado en desacuerdo con el calendario de Farjas.

En este contexto, el consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Manuel Llombart, y el Colegio de Farmacéuticos de esta autonomía (el Micof), han sido los últimos en mostrar sus reparos a la medida de Farjas. De este modo se unen al posicionamiento oficial en contra del calendario vacunal ministerial, tal como está planteado para el caso de la vacuna de la varicela, llevado a cabo por diversas sociedades científicas, entre ellas las de Pediatría, Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene y Vacunología, aparte de la propia Consejería del ramo en Navarra que encabeza Marta Vera.

En la misma línea, el partido en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, CiU, ha dejado clara su postura sobre este asunto por medio de su portavoz en la Comisión de Sanidad, Conxita Tarruella, quien se preguntó en un pleno por qué se restringe el acceso a una vacuna autorizada por parte de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).

La secretaria general, Pilar Farjas.

La compañía Sanofi Pasteur MSD, fabricante de Varivax –su vacuna contra la varicela– interpuso, de hecho, un recurso por lo contencioso-administrativo contra la Aemps por el bloqueo de este producto sanitario. Y el grupo parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD), por medio de su portavoz en el Congreso, Toni Cantó, reprochó a la ministra Ana Mato que la protección contra la enfermedad infecciosa “solo sea gratis en Navarra, Ceuta y Melilla hasta el segundo año de vida”, lo cual obliga a los padres a adquirir la vacuna en las farmacias de esa comunidad y ciudades autónomas o incluso en las de otros países como Portugal o Francia sin excluir su compra por internet.

Sin embargo, la titular del Ministerio aseguró en la Cámara Baja que la vacuna “forma parte del calendario fijado para la misma edad en todo el país” y acusó a Cantó de fomentar “debates artificiales en época electoral”.

Llombart pide al Ministerio de Sanidad que reflexione

Por su parte, el titular de la sanidad valenciana ha reiterado este martes que la orden de retirada de la vacuna contra la varicela de las farmacias es del Ministerio, único competente en la materia, por lo que “sólo” puede pedir que “reflexione” o que haga entender a la población que esta medida es “la adecuada” para la salud de los niños.

Llombart, tras visitar el Centro de Salud Malvarrosa para conocer las instalaciones y el trabajo de integración entre atención primaria y especializada, ha reconocido que la retirada de la vacuna de varicela de las farmacias es “un tema muy complicado”. Y ha aclarado que una cosa es el calendario vacunal que se aprobó en el Consejo Interterritorial y que es el que se va a prescribir en el sistema sanitario público valenciano, “porque para eso se aprobó por todas las comunidades”, y otra cosa es la adquisición de la vacuna en las farmacias porque haya sida recetada por un pediatra privado “con un criterio diferente” al calendario.

El titular del departamento de salud autonómico ha insistido en que la retirada de las oficina lo determinó el Ministerio “atendiendo a datos epidemiológicos que podría complicar desde el punto de vista de la salud pública el efecto de la vacunación tal y como se aprobó en el Consejo Interterritorial”. “Nosotros no tenemos competencia porque quien lo ha eliminado es el Ministerio”, ha reiterado.

Por ello, ha señalado que “lo único que podemos hacer es lo que hacemos, que es trasmitir al Ministerio que es un tema que está generando una problemática social y que se reflexione si esta medida es la adecuada”. En caso contrario, ha pedido al Ministerio que "tengamos claro que los datos en los que se basa para ordenar la retirada son los suficientemente sólidos como para hacer entender a la población que es lo adecuado para el beneficio de los niños, que es lo que buscamos todos”.

Declaración del Colegio de Farmacéuticos de Valencia

Asimismo, el Micof pedirá al Ministerio de Sanidad que la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) libere nuevos lotes de la vacuna de la varicela para su dispensación en las farmacias comunitarias, ante la situación de desabastecimiento total desde que se bloqueó el suministro en el verano de 2013. Los farmacéuticos reclaman poder cumplir con su obligación de dispensar la prescripción realizada por un médico, cuando reúna todos los requisitos legales, para atender la demanda de usuarios que desean obtener la vacuna.

Para Jaime Giner, presidente del Micof, “esta situación se agrava en el caso de los niños que recibieron la primera dosis de la vacuna y ahora no pueden conseguir la segunda, salvo que se desplacen a Navarra o a Andorra o, en el peor de los casos, se arriesguen a comprarla por internet, con la consecuente falta de garantías sanitarias por la rotura de la cadena del frío, que inhabilita el medicamento”.

A juicio de los expertos consultados por el Micof esta decisión no tiene sustento legal ni en la ficha técnica aprobada ni en la clasificación de este medicamento (diagnóstico hospitalario), ni en el mecanismo de liberación de lotes: simplemente se impide el suministro a las farmacias de los lotes que recibe el laboratorio ya liberados por la autoridad competente de Holanda, permitiendo solamente el suministro en hospitales y clínicas, e impidiéndolo cuando va dirigido a las farmacias.

En este sentido, la Junta de Gobierno aconseja a las farmacias comunitarias que informen a los usuarios sobre las causas reales del desabastecimiento y que desaconsejen encarecidamente cualquier otra forma de suministro por el riesgo para la salud que supone. Además, se les va a facilitar un documento para que puedan hacer constancia de su queja ante las autoridades sanitarias.

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