Exceso de médicos en la plantilla de Muface, según el Tribunal de Cuentas

David García. Madrid
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón María Álvarez de Miranda, comparece este martes ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados para presentar diferentes informes fiscalizadores, entre ellos uno referido a Muface que lleva por título ‘Informe de fiscalización de las prestaciones por incapacidad del Régimen de Mutualismo Administrativo gestionado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface)’.

Dicho informe ofrece una serie de conclusiones y recomendaciones sobre diferentes aspectos de Muface como la aplicación del principio de igualdad efectiva de hombres y mujeres, recursos en la gestión de prestaciones, presupuestación y justificación de esas prestaciones, prestaciones de incapacidad temporal por riesgo durante el embarazo y lactancia natural o gestión de la prestación para la remuneración de la persona encargada de la asistencia del gran inválido, entre otras.

El informe del Tribunal de Cuentas solicita a Muface “rigor” a la hora de realizar la previsión de reconocimientos médicos para el seguimiento y control de los procesos de Incapacidad Temporal para “dimensionar la carga de trabajo” que deben soportar el Instituto de la Seguridad Social y el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas porque para el tribunal, la realización de estos reconocimientos supone “una carga de trabajo” que ha de ser compensada.

Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, en una comparecencia en el Congreso.

Los datos que maneja este tribunal reflejan que hay un “sobredimensionamiento en la plantilla de facultativos médicos asignados” y eso supone un “incremento innecesario de la contraprestación económica a pagar por Muface”. Esto se debe, según se explica, a que Muface “sobrevaloró el número de reconocimientos médicos a realizar en 2010 y a una encomienda firmada entre la mutua y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Pide también que se haga una referencia expresa a las situaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural “como situaciones de incapacidad que deben ser objeto de control médico por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas” y solicita a Muface que incorpore esta referencia “para evitar problemas en la interpretación de su alcance”.

No solo eso, sino que además el informe revela deficiencias en el sistema informático de Muface por el que se gestionan las prestaciones, las reclamaciones y los reconocimientos médicos y se pide que se introduzcan “modificaciones en la aplicación” para superar “las actuales limitaciones”,  y de hecho apunta que a través de ‘Sigma 2’ (que es como se llama el sistema) “no permite detectar irregularidades que hayan podido producirse en la tramitación o gestión de prestaciones”.

Además solicitan “adaptar los procedimientos que han de seguir los mutualistas o sus representantes para la solicitud y posterior tramitación de prestaciones” de forma que “puedan hacerlo a través de su sede electrónica”.

Las recomendaciones que desarrolla el informe no solo se quedan en Muface, sino que van un escalón más arriba y se dirigen también al propio Ministerio de Hacienda, del que depende esta mutua y al que le requiere que adapte los créditos presupuestarios de las prestaciones “teniendo en cuenta el decreciente grado de ejecución de los últimos ejercicios” del concepto 480 Subsidios e Indemnizaciones, con cargo al cual son abonadas. A este respecto, según los datos del Tribunal de Cuentas, la ejecución de este concepto ha pasado del 94,8 por ciento en 2007 a un 66,5 por ciento en 2010, y refleja que mientras ese gasto ha decrecido, las dotaciones presupuestarias han aumentado, de ahí el desajuste que solicita arreglar.

Conclusiones

Exigencias al margen, el informe también ha emitido una serie de conclusiones derivadas del proceso de fiscalización a Muface.

Entre ellas destacan por ejemplo que los plazos de contestación a los expedientes de quejas no se cumplen, superando los 20 días que contempla la ley como máximo o que en el momento de la realización del informe no sé podían solicitar prestaciones a través de la sede electrónica de Muface para subsidios de Incapacidad Temporal o por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural. Tampoco presentar partes médicos.

Para el Tribunal de Cuentas, las Oficinas de Registro de Muface “no cumplen en relación con estas prestaciones su función de naturaleza eminentemente jurídica” porque “no se anotan en el Registro de entrada las solicitudes de la prestación presentadas por los mutualistas ni la documentación necesaria aportada por el órgano de personal”.

Las conclusiones detallan también que lo mismo se puede decir de la documentación que el órgano de personal entrega a Muface con posterioridad para que sean reconocidas y pagadas las mensualidades sucesivas de la prestación (el siguiente parte médico de confirmación de baja y la prórroga de la licencia por incapacidad).

El informe pone de relieve también que en 2010 se preveía la aprobación de una Orden Ministerial (sin plazo) que debía establecer las normas específicas de coordinación entre Muface, las Unidades Médicas de Seguimiento o las unidades de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social y los órganos de jubilación para la realización de los correspondientes reconocimientos médicos y la emisión del consiguiente dictamen para determinar si existe o no incapacidad permanente y, en su caso, fijación del grado. Sin embargo, ese desarrollo normativo no se ha realizado.

El informe pone de relieve también “un elevado porcentaje de anulaciones de los reconocimientos médicos solicitados al Instituto Nacional de la Seguridad Social para aquellos mutualistas que se encuentran en Incapacidad Temporal (el 34,1 por ciento solo en un año) y asegura que esas anulaciones se producen por la falta de incorporación de los datos de alta médica de mutualistas que estaban en la situación de Incapacidad Temporal en la base de datos y este hecho, según se indica “trae consigo un incremento innecesario de la carga de trabajo de las unidades médicas y del coste real por reconocimiento médico realizado

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