El Congreso votará una vía 'B' para las OPE de sanitarios con discapacidad

El Congreso de los Diputados decidirá si se cambian los criterios de acceso al empleo público para las personas con discapacidad intelectual. Andalucía ha acordado remitir a la Cámara Baja una propuesta para que se reforme el actual modelo de contrataciones, lo que permitiría evaluar a este colectivo mediante una “prueba de situación” en la que se analicen las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño del trabajo. Una decisión que, si finalmente se adoptase, afectaría directamente a los profesionales sanitarios con discapacidad que se encuentran inmersos en procesos de selección de empleo como una OPE. 

Este cambio de modelo responde a una propuesta del grupo parlamentario de Por Andalucía que ha logrado recabar una amplia mayoría parlamentaria en la comunidad autónoma que abarca a fuerzas de diferentes signos políticos, así como el aval del propio Consejo de Gobierno que no se ha opuesto a la medida. Ese respaldo mayoritario es el que permitirá al Parlamento de Andalucía elevar la petición hasta el Congreso de los Diputados.

Reforma del Estatuto del Empleado Público

Por Andalucía ha encajado estos cambios como una “reforma parcial” del actual Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), una de las normas que rigen las condiciones laborales y de acceso de médicos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, técnicos o celadores a la administración. El objetivo es modificar el artículo 61.2 de la ley para incluir esta nueva vía de acceso para personas con discapacidad intelectual.

El grupo parlamentario ha justificado esta medida ante la necesidad de cumplir con el derecho fundamental para que todas las personas puedan acceder en “condiciones de igualdad” a la función pública. “Ello supondría un avance hacia procesos selectivos más adecuados, con pruebas selectivas que permitan la comprobación de las competencias y capacidades necesarias para el desempeño de las funciones y tareas asignadas a los puestos de trabajo convocados”, han expresado en su exposición de motivos.

Los proponentes han apuntado que, aunque esta fórmula ya se ha recogido en la normativa andaluza sobre discapacidad, es necesario elevarla al plano nacional. “Esta propuesta de modificación consagraría la medida en la norma de carácter básico reguladora de la función pública, lo que le otorgaría un especial reconocimiento y protección”, han subrayado.

Trabajo en sanidad para personas con discapacidad

Actualmente el Estatuto Básico del Empleado Público ya contempla en su artículo 59 el acceso de las personas con discapacidad para quienes reserva un cupo no inferior al 7 por ciento de las vacantes disponibles, siempre y cuando superen los procesos selectivos y acrediten la “compatibilidad” con el desempeño de las tareas asociadas al puesto. Dentro de se cupo, al menos el 2 por ciento debe corresponder a personas con discapacidad intelectual.

Ese mismo artículo ya contempla que las administraciones deben velar para que las pruebas prácticas sean “precisas”, pudiendo consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes de manera oral o escrita. Algo que también se extiende al conocimiento de otras lenguas o a la superación de pruebas físicas, en algunos casos.

Además, la propia ley establece actualmente que las administraciones públicas deben adoptar las “medidas precisas” para establecer adaptaciones en un “tiempo razonable” tanto para los procesos selectivos como para los puestos de trabajo, de acuerdo a las necesidades de las personas con discapacidad.