Una Odontología universal exige elevar el gasto sanitario al 8,5% del PIB

La alta prevalencia de las enfermedades de la boca y los dientes, sobre todo entre los niveles socioeconómicos más bajos, hace que universalizar la salud bucodental sea una opción que explorar, a la par que una inversión económica. Incluir el odontólogo en el Sistema Nacional de Salud (SNS) elevaría el gasto sanitario público hasta el 8,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), según una nueva investigación española. Esta estudio señala que esta ampliación de servicios apenas supondría un aumento del 0,48 por ciento sobre el PIB, que se sitúa en la actualidad en un 8 por ciento del PIB.

El estudio sobre el coste presupuestario de universalizar la salud bucodental en España ha sido publicado en Gaceta Sanitaria y de la que se hace eco Science. Los autores de la investigación son Alberto Montero-Soler, del departamento de Hacienda Pública, Política Económica y Economía Política (Universidad de Málaga), y Fernando Ignacio Sánchez-Martínez, del departamento de Economía Aplicada (Universidad de Murcia).

Estos autores señalan que hubo un “aumento” significativo “de la desigualdad en España en necesidades dentales no cubiertas entre 2007 y 2017”, por lo que la crisis económica ha dejado una gran huella en las personas con menos recursos y problemas bucales. La recesión “tuvo un impacto apreciable tanto en las necesidades insatisfechas como en la desigualdad en que estas se distribuyen, incrementándose su sensibilidad a la capacidad de pago de la población y a la situación de desempleo”, afirman.

Por otra parte, estos investigadores indican que el hecho de que estas enfermedades sean prevenibles es un punto a favor de aumentar los servicios. También consideran “las patologías dentales” como un “grave problema de salud pública”.

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"Cabe considerar las patologías dentales como un grave problema de salud pública"

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Todo esto hace que cada día sea más necesario buscar soluciones para que todas las personas tengan acceso a una buena salud bucodental.

El objetivo de Montero-Soler y Sánchez-Martínez era “realizar una aproximación a una estimación de la repercusión que tendría sobre el gasto público sanitario una ampliación de la cartera de prestaciones en salud bucodental que cubriera la mayor parte de los tratamientos terapéuticos que sufragan actualmente las personas de forma privada”, explican.

Para llegar a la conclusión de que se necesitaría un incremento del gasto público que alcanzaría unos 5.345 millones de euros (aunque también han hecho otros escenarios con diferentes grados de copago para financiar la salud bucodental en España), los autores estimaron “parte del nivel de gasto en servicios odontológicos del Sistema de Cuentas de Salud del año 2020 y se asume el dato de incremento de la demanda ante la universalización de los servicios extraído de un estudio de RAND”, indican en la investigación. El estudio RAND es un experimento que se realizó en Estados Unidos en 1970 por la Rand Corporation, en el que se estimaba que el uso de determinados servicios aumentaría un 46 por ciento si fueran públicos. Desde entonces, esta estimación se ha usado en estimaciones de este tipo, como la que hacen Montero-Soler y Sánchez-Martínez. Una vez tuvieron todos estos datos realizaron “diversas proyecciones lineales de incremento del gasto”.

El mayor problema de la salud bucodental es que no todo el mundo puede permitírsela y eso aumenta “la presencia y la prevalencia de enfermedades en los niveles socioeconómicos más bajos”, afirman los autores del estudio. Añadir servicios a la cartera bucodental para toda la población “elevaría el gasto sanitario público en 0,48 puntos sobre el producto interior bruto”, pero todavía “el gasto sanitario público español seguiría por debajo de la media de la Unión Europea”, concluyen.

El pasado mes de junio, se aprobaba el 'Plan para la Ampliación de la Cartera de Común de Servicios de Salud Bucodental'. En este documento se ampliaban servicios, así como su coste, a mujeres embarazadas, población infantojuvenil, a personas con discapacidad y a pacientes oncológicos.

Para poner en marcha este plan, el Ministerio de Sanidad decidió repartir 43.812.566 euros entre las comunidades autónomas.