Familia critica falta de presupuesto y concreción, tanto en los plazos como en la identificación de responsables

Los facultativos José Polo y Pilar Rodríguez buscan la instauración real del Plan de Atención Primaria
José Polo, presidente de Semergen; y Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de SEMG.


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El Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 para mejorar y perfeccionar la primera puerta de entrada del paciente al Sistema Nacional de Salud (SNS), impulsado por el Ministerio de Sanidad, sigue generando vacilaciones entre los médicos de Familia. Pese a que constituye un intento relevante por abordar las "carencias históricas" instauradas en este nivel asistencial, “persisten muchas dudas en cuanto a la efectividad de su implementación, particularmente en lo referente a la asignación presupuestaria adecuada y la definición de plazos claros para cada medida”.

La "falta de concreción" en el calendario de ejecución de esta estrategia, aprobada a finales del año pasado, es, de hecho, uno de los principales puntos de choque de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Es por ello que, en el Día de la Atención Primaria, su presidenta, Pilar Rodríguez Ledo, exige plazos y fechas concretas si no se quiere comprometer la posibilidad de que se materialice con la celeridad que el sistema requiere”.

Otro de los escollos tiene que ver, dice, con la "la ambigüedad en la identificación de responsables concretos" que refleja el texto. Una critica a la que se suma, desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), José Polo. "La gestión sanitaria está muy fraccionada y las 17 comunidades autónomas no pueden ir haciendo cada una distintos planes o presupuestos, además de intentar tapar agujeros como se pueda", afirma en este sentido, el responsable de la entidad. Sobre todo, teniendo en cuenta, la gran cantidad de medidas que proyecta la estrategia, "y que la institución llevaba reclamando". Habrá que ver el desarrollo y si es homogéneo en todo el estado”, sostiene. 

Para conseguir que el ministerio cumpla y el Plan de Acción de Atención Primaria llegue a buen puerto, el especialista considera que es fundamental la confección de “una evaluación del cumplimiento periódico tanto a corto, medio y largo plazo". Dicha vigilancia debe realizarla "el propio ministerio de Sanidad" para posteriormente poder coordinar a todas las comunidades autónomas”.


Sostenibilidad a largo plazo 


Polo también hace hincapié, de nuevo, en el respaldo económico de la estrategia a la hora de recordar la importancia de contar con una "clara dotación presupuestaria para poderlo desarrollar". De momento, dicha estrategia contará “de los mismos fondos asignados” en un escenario de Presupuestos Generales prorrogados. Para advertir de un posible tropiezo, Polo pone como ejemplo, las advertencias vertidas por las consejerías de sanidad autonómicas en relación al Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, pese a dar su apoyo a la iniciativa en el último Consejo Interterritorial. "Protestaron porque sin inversión será difícil ponerlo en marcha”, recuerda el facultativo. 

Ls presidenta de SEMG, sigue la estela de Polo, afirmando que el enfoque integral del plan resulta “positivo y necesario, especialmente en un momento crítico donde la sobrecarga asistencial, la falta de personal y la precariedad estructural han erosionado la capacidad resolutiva de la Atención Primaria”.



Ledo: "El Plan no especifica de manera suficiente cómo se garantizará su continuidad y sostenibilidad a medio y largo plazo."



Pese a ser necesario un refuerzo presupuestario, Rodríguez Ledo recuerda que en el documento presentado por Sanidad, “no se especifica de manera suficiente cómo se garantizará su continuidad y sostenibilidad a medio y largo plazo". "La necesidad de pasar de la planificación a la acción es urgente y cualquier dilación en su implementación podría agravar aún más la crisis de Atención Primaria”. En caso de que eso ocurriera, la médica de Familia está convencida de que se pondrá en riesgo “la efectividad de las medidas propuestas y, en última instancia, la calidad de la atención ofrecida a la ciudadanía”.
 
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