Las compras centralizadas ponen de acuerdo al espectro político

Marcos Domínguez. Madrid
El sistema de compras centralizadas ha sido una de las grandes bazas para combatir el aumento del gasto sanitario durante la presente legislatura. Los ahorros producidos son innegables; sin embargo, queda la duda de si han sido suficientes.

Hasta la fecha, se han puesto en marcha 16 acuerdos marco para la adquisición de medicamentos y productos sanitarios; los últimos, hace un par de semanas, cuando en Consejo de Ministros se aprobó la licitación de antirretrovirales y se renovó las correspondientes a epoetinas, factor VIII recombinante e inmunosupresores. Estas centrales, más otra específica para fármacos de alto consumo hospitalario (antiinflamatorios y quimioterapias, por ejemplo) han sido las dedicadas a medicamentos propiamente dichos.

El segundo grupo, el de productos sanitarios, consta de siete acuerdos marco (guantes, absorbentes, gasas, vendas, tiras reactivas e implantes intraoculares). Entre los dos grupos (gestionados por el Ingesa), el Ministerio de Sanidad ha confirmado a Redacción Médica que espera generar un ahorro de 100 millones de euros entre 2013 y 2018.
En cuanto a las vacunas, han sido cinco los acuerdos marco lanzados: gripe, inoculaciones de calendario, meningococo C, papiloma y neumocócica conjugada. En este caso, el departamento que dirige Alfonso Alonso calcula un ahorro de 160 millones de euros en el lustro.

Ana Castaño, José Martínez Olmos (centro) y Daniel Álvarez Cabo.

En total, se estiman unos ahorros de 260 millones de euros, cifra que para el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos,  es “irrelevante” con respecto a lo que gasta el Estado en fármacos, y muy lejana de lo que prometió la anterior ministra de Sanidad, Ana Mato. “Hay que recordar que las compras centralizadas ya las puso en marcha el anterior Gobierno”, añade, “mediante el real decreto 9/2011”.

Quizá la principal razón de las ‘bajas’ cifras sea la desigual participación de las comunidades autónomas en las licitaciones. Si en el caso de las vacunas pocas han ido por su cuenta, en el resto de productos la ausencia de algunas (Cataluña y Andalucía, por ejemplo) es casi sistemática. Incluso ha habido casos, como las centrales de vendas y gasas, en los que las regiones participantes se pueden contar con los dedos de una mano.

Martínez Olmos prefiere no proponer hasta el momento un mecanismo alternativo a los acuerdos marco puesto que el
partido está elaborando en estos momentos su programa electoral. En diversas ocasiones ha defendido el modelo de subastas imperante en Andalucía, si bien no apuesta por él, de momento, a escala nacional. Quien sí está acuerdo, “con carácter general”, con ambos mecanismos es Ana Castaño, la portavoz de IU en la misma comisión. “En determinados medicamentos abarata costes”, explica. Desde su partido van más allá y añaden la posibilidad, ya alejada de este tipo de concursos, de “intervenir el mercado de patentes si razones de salud pública así lo aconsejan”, como en el caso de la hepatitis C. Soluciones que van en consonancia con las preferidas por Podemos que, si bien no han tenido tiempo de contestar a Redacción Médica, han remitido al manifiesto ‘No es sano’, apoyado por la OMC, Sespas y varios sindicatos y ONG, que aboga por una mayor transparencia y criterios de interés público para garantizar el acceso a los medicamentos.

A la hepatitis C también se ha referido Daniel Álvarez Cabo, portavoz de Sanidad de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, pero opta por soluciones menos radicales, decantándose por las compras centralizadas frente a subastas y concursos de equivalentes terapéuticos, “no tan beneficiosos económicamente hablando y que han generado desabatecimientos”. Además, señala que en estos procedimientos las compañías beneficiadas no suelen aportar mucho al tejido empresarial español.

No obstante, prefiere mostrarse cauto: “Todavía no está perfilado si hablaremos de compras centralizadas, hace falta un análisis más pormenorizado de lo que ha ido bien y lo que ha ido mal en este modelo para decidir nuestra propuesta”. Lo que sí parece claro es que, más allá del color político y del modelo concreto, los mecanismos de adquisición por vía centralizada tienen el futuro garantizado.

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