Redacción. Madrid
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al acuerdo marco entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, 15 comunidades autónomas (a excepción de Andalucía y País Vasco) y los Ministerios de Defensa y Hacienda y Administraciones Públicas para fijar las condiciones de la adquisición de vacunas del calendario infantil y otras, para adultos en grupos de riesgo o que vayan a viajar a determinados países.
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno.
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En total, se ha acordado la compra de alrededor de 10,1 millones de dosis de las distintas vacunas para el periodo 2015-2016, que en caso de prórroga por un año más serían 15,2 millones de dosis. El valor máximo del contrato son 212 millones de euros y el ahorro previsto, 37,4 millones.
Este acuerdo tiene como objetivo armonizar y reducir el coste del programa de vacunaciones en España, para todas las Comunidades Autónomas. Por tanto, persigue la consecución de una mayor equidad y permite que el Sistema nacional de Salud mantenga la calidad y la cohesión. Se trata, además, de una medida en línea con los trabajos de unificación del calendario común de vacunación infantil. Ofrece, por tanto, el beneficio de la eficiencia económica, pero también administrativa, por lo que da estabilidad a la producción y compra de vacunas a los laboratorios y, de este modo, permite alcanzar mejores precios y homogéneos en todo el territorio.
Este convenio llega después del éxito del firmado en 2012 y de los de compra conjunta para la vacunación antigripal en 2012, 2013 y 2014.
En concreto, el Gobierno ha aprobado un Acuerdo Marco que incluye las vacunas contempladas en calendario común de vacunación infantil, las vacunas del programa del adulto y las del viajero. Entre estas vacunas, la hexavalente frente a la hepatitis B, difteria, tétanos, ferina acelular, poliomelitis inactivada y ‘haemophilus influenzae’ tipo b conjugada.
Las compras agregadas para el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) son una de las medidas incluidas en la reforma sanitaria. Se trata de un procedimiento al que las comunidades autónomas se pueden sumar de manera voluntaria.
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