Cristina Narbona, vicepresidenta del Senado; y Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacia.
El
Consejo General de Farmacia ha presentado en el Senado un nuevo
informe financiero sobre la situación económica y social que atraviesan sus oficinas en el entorno rural. El análisis elaborado por la consultora
AFI ha revelado que casi uno de cada tres establecimientos ubicados en los municipios más pequeños cuenta con dificultades de viabilidad económica. Un hándicap para el que ya han propuesto a los grupos parlamentarios que activen políticas que van desde nuevos
modelos de remuneración hasta
incentivos fiscales que permitan compensar este fenómeno.
Diego Vizcaíno, socio director de Analistas Financieros Internacionales.
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La investigación ha calculado que actualmente hay
530 oficinas de farmacia localizadas en pueblos de menos de 800 habitantes que presentan problemas para ser sostenibles económicamente, lo que supone el
28,4 por ciento de los establecimientos ubicados en este tipo de municipios de la España vaciada. Si se amplía el foco a las localidades de hasta 5.000 residentes, el volumen asciende hasta las 581 (13,1 por ciento).
Los autores del informe han advertido que esta situación requiere el diseño de
nuevas fórmulas de concertación y remuneración de los servicios sanitarios que afecten al sector farmacéutico, así como el
estudio de incentivos fiscales para garantizar la “cohesión social y territorial” en las zonas más afectadas por la despoblación. “Las farmacias rurales son parte de la solución”, ha incidido el socio director de AFI,
Diego Vizcaíno, en su comparecencia en el Senado.
El experto ha puesto el foco en la necesidad de garantizar la “sostenibilidad” de las farmacias rurales debido a su impacto para frenar la despoblación, ya que en aquellos municipios que cuentan con oficina se ha demostrado que
la pérdida de habitantes en edad de trabajar se da un 1,1 por ciento más despacio que en el resto. “Tenemos información de que mitiga el proceso de envejecimiento, despoblación, masculinización y pérdida de oportunidades laborales”, ha apostillado Vizcaíno.
Según las estimaciones del informe, la farmacia rural genera actualmente un
impacto económico de 1.600 millones, de los cuales casi un tercio corresponde a la actividad generada en los municipios de menos de 800 habitantes. Es un 0,16 por ciento del valor añadido bruto generado en la economía española. Esta realidad se traduce en el mantenimiento de
23.000 puestos de trabajo.
Cristina Narbona, vicepresidenta primera del Senado.
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Farmacia pide integrarse en Primaria
El presidente del Consejo General de Farmacia,
Jesús Aguilar, ha aprovechado su intervención en la Cámara Alta para reivindicar a los grupos políticos algunas de las propuestas con las que pretenden mejorar esta realidad, como una mayor
“integración” de sus profesionales con la Atención Primaria en las zonas despobladas. “Las farmacias cohesionan el territorio, son un vector de arraigo y un agente implementado en el entorno rural”, ha apostillado.
Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos.
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Según los cálculos ofrecidos por la organización colegial, la red de más de 22.000 farmacias comunitarias de todo el conjunto del país asiste cada día a 2,3 millones de personas. Además, realizan un total de 262 millones de actuaciones sanitarias, lo que genera
un ahorro para el sistema de salud cercano a los 3.000 millones de euros.
Raquel Martínez, secretaria general del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos.
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Para poder mantener esta situación, la organización ha defendido que se debe aplicar el
índice corrector de márgenes en las farmacias rurales con propblemas de viabilidad para que cuenten con un refuerzo económico, así como regular una remuneración adicional para
las guardias que realizan los profesionales. Especialmente en las zonas despobladas donde prestan un servicio permanente.
Paralelamente, la secretaria general del Consejo de Farmacia,
Raquel Martínez, ha recordado algunas de las funciones que reivindica la profesión como la mejora de la adherencia del tratamiento, la revisión de boquines, los sistemas de dosificación, el sedimento farmacoterapéutico, la realización de cribados o la detección precoz de enfermedades. “
La sanidad del futuro requiere que los profesionales intervengan, siempre en el plano de sus competencias, de manera interdisciplinar”, ha puntualizado.
Instante durante la Jornada de Cohesión Social y Salud Pública organizada por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos.
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