Enfermería estudia cómo declinar responsabilidades si es obligada a vacunar

Según las previsiones de la profesión enfermera la modificación del Real Decreto de prescripción enfermera que permite a la profesión vacunar sin la autorización previa de un médico no va a llegar a ser efectiva antes de la campaña de la gripe a no ser que se apruebe mediante la vía extraordinaria.

Por ello, el sindicato de Enfermería, Satse, (desde su equipo jurídico) está elaborando un documento para que, con carácter individual, cada enfermera se dirija al cargo directivo responsable de su centro declinando en él "toda la responsabilidad ante cualquier deficiencia o problema asistencial que se pudiera producir como consecuencia de ser obligado a administrar una vacuna sin cumplir la normativa vigente".

Además, el sindicato está estudiando jurídicamente poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y sus homónimas de las comunidades autónomas la situación de inseguridad laboral a la que van a llegar las enfermeras de no estar aprobado la modificación del Real Decreto de Prescripción Enfermera antes de que comience la campaña vacunal de la gripe. 

El sindicato considera que los servicios de salud pueden llegar a obligar a las enfermeras "de hecho y no de derecho" a cometer un presunto delito que, en el caso de tener consecuencias negativas para los pacientes tras poner una vacuna de la gripe sin prescripción médica. El sindicato manifesta que esto dejaría al profesional en una clara situación de indefensión absoluta y con un posible rechazo del seguro de responsabilidad civil para hacerse cargo de una indemnización por daños o secuelas al paciente, que pudieran ser incluso irreversibles.

La vacunación de la gripe marca los tiempos

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Satse señala la "incapacidad del Ministerio" como la causa que no permite que se apruebe la modificación

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El organismo presidido por Manuel Cascos asegura que este conflicto asistencial se producirá por la "incapacidad" del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para aprobar y llevar al Consejo de Ministros la modificación consensuada del Real Decreto de prescripción enfermera.

Satse se ha dirigido por carta a la nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, sobre este asunto, señala que, a escasas fechas del inicio de la campaña de vacunación de la gripe en los distintos servicios autonómicos de salud, el Ministerio de Sanidad sigue “dando largas” y no concreta cuando se hará realidad en el BOE la modificación del Real Decreto que evitará los problemas asistenciales y profesionales registrados en las campañas de años anteriores.

"Ojalá nos equivoquemos y lo resuelvan antes de la campaña"

“Ojalá nos equivoquemos pero dudamos de que el Ministerio de Sanidad sea capaz de resolver la aprobación del nuevo Real Decreto de prescripción enfermera antes del inicio de las campañas de vacunación, con lo que se podría perder una oportunidad inmejorable de dar por zanjado un problema que viene arrastrándose desde hace años”, reiteran desde la organización sindical.

El sindicato recuerda que, tras la entrada en vigor, en 2015, del actual Real Decreto de prescripción enfermera, las enfermeras y enfermeros necesitan contar con el diagnóstico e indicación previa del médico, y de manera individualizada por cada paciente, para poder administrar las vacunas. "Una situación que complica mucho la labor de los profesionales y pone en riesgo su seguridad, y que conlleva un grave conflicto asistencial con la consiguiente peor atención al ciudadano (colapsos, retrasos, esperas…)", apunta.

El sindicato esta "harto" de la postura de "brazos caídos"

Por ello, Satse, al igual que ha realizado en distintas ocasiones de manera conjunta con el Consejo General de Enfermería, vuelve a reclamar al Ministerio de Sanidad que agilice la tramitación pendiente para que la modificación del Real Decreto 954/2015 de prescripción enfermera se publique en el BOE antes del inicio de la campaña de la gripe.

“Estamos hartos de que el Ministerio de Sanidad se mantenga en una postura de brazos caídos y de la espalda a la seguridad y derechos de los pacientes y profesionales, mostrando su insolvencia política para legislar y protegerlos”, añaden desde la organización sindical.