El bloqueo de la Ley del Paciente, "una estrategia de desinversión pública"

La Ley de Seguridad del Paciente arrastra más de un año de bloqueo por las demoras en su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, lo que ha desatado las críticas del sector sanitario. El Sindicato de Enfermería (Satse) ha atribuido directamente esta ralentización a la mano del Gobierno porque considera que está aplicando una “estrategia general de desinversión en la sanidad pública”.

Después de varios meses en los que la Mesa del Congreso ha ido facilitando nuevas prórrogas para la presentación de enmiendas, Satse ha colocado al Ministerio de Sanidad como el principal responsable de los retrasos y le ha acusado de “abandonar a su suerte a la sanidad pública y sus profesionales mientras que sí se favorecen otros ámbitos de gestión en base a intereses políticos y partidistas”.

El sindicato ha lamentado que el Gobierno no haya facilitado ya la puesta en marcha de esta normativa a pesar de que considera que tiene un gasto “absolutamente insignificante” en comparación con los beneficios que supondrá para el sistema de salud. Según sus cálculos, con una inversión de 60 euros por habitante sería suficiente para garantizar una asignación adecuada de pacientes por cada profesional de Enfermería.

La normativa se antoja como una herramienta fundamental para ajustar las ratios del personal tanto en los hospitales como en los centros de salud o sociosanitarios para frenar el déficit estructural que actualmente sufren las plantillas. En diciembre de 2020, los grupos políticos ya dieron el visto bueno a la iniciativa, pero desde entonces se ha abierto una fase de enmiendas que no ha finalizado. 

Solo el 1,5% de los fondos europeos se destinarán a Sanidad

Satse ha subrayado que parte de esta estrategia de desinversión se puede observar en el reparto de los fondos europeos de recuperación tras la crisis de la Covid-19. De los 70.000 millones de euros que España recibirá en subvenciones directas desde Bruselas, apenas 1.069 millones se destinarán a reforzar la Sanidad. Es un 1,5% del total.

“Es absolutamente rechazable que se puedan argumentar costes económicos para no abordar iniciativas vitales como garantizar la seguridad asistencial en los centros sanitarios y sociosanitarios del conjunto del Estado cuando no se está queriendo utilizar el dinero procedente de la Unión Europea para mejorar nuestra sanidad y se ha optado por destinarlo a algunos intereses más o menos cuestionables”, ha clamado el sindicato.

Las partidas destinadas al área sanitaria se ubican en el puesto 19 de entre las 20 inversiones prioritarias que ha establecido el Gobierno en el Plan de Recuperación para hacer frente al impacto de la pandemia. El sector se encuentra así muy por debajo de otras áreas como la movilidad sostenible, la rehabilitación de vivienda o la preservación medioambiental que ocupan las primeras posiciones.

Satse ha lamentado que el Gobierno no haya incrementado la partida sanitaria con los fondos, a pesar de que la comunidad científica no ha parado de mandar advertencias sobre la importancia de reforzar los sistemas de salud ante posibles pandemias en el futuro. “La penosa y lamentable realidad es que algunos de los representantes públicos que fueron elegidos para defender el interés general están rechazado intencionadamente la gran oportunidad que nos brinda Europa”, han apuntado.

La demora en la tramitación de la Ley de Seguridad del Paciente y la falta de inversión pública en el sector son dos de las claves que han llevado al sindicato a convocar nuevas movilizaciones para protestar contra la falta de apoyo del Gobierno. Satse ya ha llamado a sus profesionales a sumarse a las concentraciones del próximo 22 de febrero en los hospitales de todas las capitales de provincia.