María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad.
Sin llegar a pasar 24 horas desde su nombramiento como ministra de Sanidad,
María Luisa Carcedo soltó su primera ‘bomba’ informativa: su
intención de equiparar la gestación subrogada al tráfico de órganos. Para ello, Carcedo incidió en la necesidad de lograr un consenso internacional que, según las fuentes consultadas por
Redacción Médica, requeriría de
cambios en la Constitución y la Declaración de Derechos Humanos, entre otras legislaciones.
En concreto, la nueva ministra de Sanidad argumentaba que, a pesar de que la gestación subrogada está prohibida en España,
“los bebés llegan” y “no pueden ser apátridas”. “Están amparados por una serie de derechos, por lo que hay que actuar con carácter previo y evitar que existan los convenios internacionales entre países que facilitan estas prácticas”, aseveraba la ministra, que esta semana ha matizado en parte sus declaraciones pero sin modificar el núcleo de su idea.
Apátridas y gestación subrogada, “nada que ver”
Ante esta afirmación,
Cinthya Favero, socio director de Favero & Kolschisnke, despacho especializado en derecho internacional público y privado, explica a
Redacción Médica que “nada tiene que ver el reconocimiento de la nacionalidad española de dichos menores con la prohibición o no de la propia gestación subrogada”.
“Los nacidos de padre español”, concreta Favero,
“son españoles de origen, con independencia de si el nacimiento es por gestación subrogada, o por cualquier otro medio”, de acuerdo con los
art. 11 y 17 de la Constitución Española y con la Declaración de Derechos Humanos, que protege la necesidad de dotar de nacionalidad a quien no es considerado como tal por ningún país.
“No hay posibilidad” de consenso internacional
Además del argumento apátrida, Carcedo también subrayó que “la forma más eficaz y útil de resolver el problema es contar con
una regulación internacional que declare ilegales estos convenios entre países
en el mismo plano que lo están tanto la venta de órganos como la prohibición de venta de niños”. A este respecto, Favero señala que “no hay posibilidad de consenso internacional, pues cada país es soberano sobre su derecho interno y sobre la posible adhesión”.
Asimismo, rebate, “
tampoco es equiparable el tráfico de órganos con la gestación subrogada a nivel legal (…) ni existe un medio de regulación internacional de las agencias, pues cada una de ellas opera bajo sus propias legislaciones”.
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Análisis legal aparte, fuentes cercanas al proyecto consultadas por
Redacción Médica son igualmente poco optimistas con la propuesta de Carcedo, la cual consideran que “no es afortunada, por decirlo suavemente”. “
La sola presencia de Estados Unidos como destino de famosos para la gestación subrogada hace inútil su prohibición internacional. No hay ese acuerdo de condena que hay con el tráfico de órganos ni son comparables los daños que sufren”, indican las citadas fuentes.
"Además,
meter a los padres en la cárcel no tendría ni pies ni cabeza. Otra cosa es controlar las agencias en las que puede haber mucho pirateo y que sí se pueden parecer un poco a los
brokers del tráfico de órganos", concluyen.
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