Redacción. Madrid
“Es fundamental que la profesiones sanitarias, especialmente la médica, intervengan, participen y gobiernen el aseguramiento de la responsabilidad civil profesional por errores y efectos adversos; lo contrario pondría en claro riesgo el correcto ejercicio de la profesión, estimulando la medicina defensiva y la insostenibilidad del los Sistemas Nacionales de Salud”. Así de tajante se ha manifestado el Consejo General de Médicos de Colegios (Cgcom) en la ‘Declaración de Santiago de Compostela’ que ha aprobado recientemente, donde recoge el posicionamiento del Foro Iberoamericano de Entidades Médicas (FIEM) celebrado en la ciudad gallega.
Integrantes del Foro Iberoamericano de Entidades Médicas.
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Bajo el epígrafe ‘Protección social’, el Cgcom hace énfasis en los modelos de aseguramiento del sanitario, una “herramienta de defensa y protección individual de cada profesional frente a la creciente judicialización del acto médico”, dice, y que debe ser en todos los casos de características solidarias. Por su importancia, son precisamente las organizaciones profesionales las que deben “defender instituciones médicas a través de distintos mecanismos, pero siempre y en todos los casos instituciones regidas, preferente, por profesionales de la salud”. Es decir, que la tarea de proteger el ejercicio de los médicos la hagan los propios médicos.
Política de medicamentos
En este mismo documento, los médicos también se posicionan sobre otros asuntos de gran impacto para el sector como la política del medicamento, de la que consideran que “en la aprobación de nuevos medicamentos, se debe garantizar que representen alternativas eficaces y seguras, evitando la inclusión de nuevos fármacos que no hayan demostrado tales cualidades”. Para ello, exigen la “implantación de la trazabilidad y, con ella, el seguimiento singular de cada envase de medicamento que permita asegurar el fabricante, procedencia, distribución, prescripción y dispensación de cada envase”, lo que lograría “evitar casos de corrupción y fraude en el sector de la distribución y dispensación de medicamentos, así como la venta de falsificaciones”, explica la declaración.
Asimismo, piden que la investigación con fondos privados invierta un porcentaje de su presupuesto a la pública. Una colaboración, añaden, que debería ser inicial y prioritario en las negociaciones con todas las empresas farmacéuticas, y también con los pacientes y usuarios de los servicios sanitarios, que deben estar plenamente informados y participar en las decisiones”.
Implicación de las autoridades contra las agresiones a sanitarios
Otro de los puntos de especial relevancia de esta declaración es el que habla de ‘Agresiones a personal sanitario’, debido al aumento de estos daños. Para ello, piden “fomentar la denuncia, ampliar la formación e información entre médicos, y cooperar con la administración” para combatir esta lacra. “Los profesionales sanitarios en general y los médicos en particular tienen el derecho a trabajar en entornos lo más seguros posibles. La seguridad en el ejercicio profesional, tanto público como privado, es una exigencias que hacemos las autoridades.
Además, otros aspectos como el ‘Manual de estilo para médicos y estudiantes de Medicina sobre el buen uso de redes sociales’; la trata de personas y comercio de órganos; los médicos y la economía de la salud; o la gestión privada y pública en los sistemas sanitarios son algunas de las cuestiones abordadas en este foro internacional.
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