“La atención a la dependencia requiere acabar con las barreras entre sanidad y servicios sociales”

Cristina Alcalá. Vitoria
La atención a la dependencia, la discapacidad y las desigualdades sociales es el gran reto al que se enfrenta el sistema sanitario y de servicios sociales en el futuro. Y para abordarlo, ambos modelos requieren "un cambio en la manera de trabajar" y "acabar con las barreras administrativas" que les separan. Así de tajante ha sido el Ministerio de Sanidad, Alfonso Alonso, durante la apertura del I Congreso Estatal de Servicios Sociales, que se celebra esta semana en Vitoria.

De izquierda a derecha: Beatriz Artolazabal, diputada foral de Servicios Sociales; Gorka Urtaran, alcalde Vitoria-Gasteiz; Alfonso Alonso, ministro de Sanidad; Ángel Toña, consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco; y Luis Martín Pinado, vicepresidente tercero del Consejo Estatal de Personas Mayores.

Para el titular de esta cartera, "lo importante es la atención integrada y continuada de la persona, que no solo pasar por un recurso sanitario clásico, sino también por uno social", en referencia al importante reto que se ha marcado el próximo Consejo Territorial: la unión de la atención sociosanitaria como única forma de abordar esta situación, especialmente tras la evolución de la sociedad hacia las enfermedades crónicas.

Alonso tampoco ha querido olvidarse de los profesionales de ambos sectores, algunos representados en la sala por las diferentes consejerías, direcciones generales o asociaciones. "Tenéis un verdadero compromiso vocacional con el servicio hacia los demás y habéis contribuido a que el sistema haya madurado mucho y de manera muy seria", ha afirmado.

País Vasco y La Rioja, a la cabeza en la Ley de Dependencia

En el marco de este congreso, el ministro de Sanidad ha alabado los buenos datos con los que cuenta el País Vasco en relación al desarrollo de la Ley de Dependencia. Esta comunidad autónoma es la segunda (solo superada por La Rioja) que más usuarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha evaluado, con un 97 por ciento del total, frente al 99 por ciento de los riojanos.

"Euskadi es pionera en referencia a los servicios sociales. Fue la primera región en tener una ley en este sentido, que data del año 1982. Pero nunca hay que relajarse y hay que seguir madurando el modelo", ha alegado el titular de la cartera de Sanidad, quien ha asegurado que desde su departamento están trabajando para que, cada vez más, las comunidades autónomas y los municipios tengan mayor protagonismo en esta competencia, desde sus diferentes perspectivas.

En este sentido, Alonso ha recordado que el Gobierno está cumpliendo con el despliegue de la Ley de Dependencia, con la incorporación, el pasado 1 de julio, de los dependientes de grado I o catalogados como moderados. "Una vez culmine el tiempo de desarrollo de esta normativa, tendremos que valorar su significado, sus fortalezas y debilidades, y muy especialmente el futuro de su financiación", ha adelantado el ministro. "Son muchos los retos y son muy difíciles para hacer frente a esta situación, por lo que hay que hacer un esfuerzo para estirar los recursos, cuidarlos y mimarlos".

Legitimar las políticas autonómicas

Alonso ha estado acompañado por el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, la diputada foral de Servicios Sociales, Beatriz Artolazabal, y el consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Ángel Toña.

Este último, ha hecho referencia a la importancia que tienen los servicios sociales para el desarrollo del Estado del Bienestar, junto a la sanidad y el sistema de pensiones, coordinando los recursos con los "gestores reales" como son las diputaciones forales y los ayuntamientos, ha dicho Toña. El consejero ha insistido, a su vez, la necesidad de legitimar las políticas que realizan desde el gobierno autonómico.

Por su parte, el alcalde de Vitoria ha ensalzado la labor que, desde su consistorio realizan a las políticas sociales "con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos". Sin embargo, ha alertado de la "amenaza" que ha supuesto la crisis económica en este sector, donde se han reducido significativamente las partidas presupuestarias en esta materia.

"Es el momento de acabar con esto y de poner a las personas en el centro del sistema", ha alegado Urtaran, quien ha explicado además la política que este ayuntamiento ha desarrollado desde el 2008, pasando de un modelo de beneficiencia a uno de derechos sociales. "Es el reto que tenemos los políticos, los profesionales y la sociedad en general: consolidar los servicios sociales y garantizar su bienestar en el futuro".

La diputada foral, por su parte, ha hecho un llamamiento a los profesionales a potenciar la transparencia y buenas prácticas en el ámbito sociosanitario, entre la colaboración público-privada.

La patronal de dependencia aboga por una gestión privada con financiación pública

Para mejorar la eficiencia en los servicios que se prestan en el sistema de la dependencia, la patronal aboga por un modelo público-privado, en el que el primero tenga el control de las inspecciones y de la financiación, mientras que el segundo sea el que provea de esos elementos. Así lo ha manifestado Fernando Benavente, el presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) en el I Congreso Estatal de Servicios Sociales, que se celebra en Vitoria.

De izquierda a derecha: Juan Ignacio Vela, presidente de Lares; Salomé Adroher, directora general de Servicios para la Familia e Infancia del Ministerio de Sanidad; Fernando Benavente, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste); y Ramón Berra, director general del Grupo Sanyres.

En su opinión, el ámbito público y el privado está "obligado a entenderse" y debe ser el Consejo Territorial el que establezca los criterios necesarios "para trabajar de una forma homogénea". Para ello, ha instado a la Administración central a elaborar una ley general de servicios sociales (similar a la que ya existe para sanidad) y poner de acuerdo en términos básicos como la atención y calidad que se presta a los dependientes.

Por su parte, el director general del Grupo Sanyres, Ramón Berra, ha puesto en valor la persistencia de este modelo mixto en el futuro, aunque recomienda elaborar una única hoja de ruta a nivel estatal y "no tener 17 conciertos", en referencia a las comunidades autónomas. Opinión que ha compartido Juan Ignacio Vela, presidente de Lares, quien ha pedido mayor colaboración entre ambos campos y "buscar el equilibro donde encontrarnos".  

Los mayores piden mayor protagonismo en las políticas sociosanitarias

Por su parte, la mesa de debate 'La protección social de las personas mayores' ha abordado la necesidad de incluir a este colectivo de la sociedad en la creación e implementación de estas políticas, tal y como ha asegurado José María Odriozola, presidente de la Federación de Personas Mayores de Euskadi. "No queremos ser objetos de la gestión, sino protagonistas en la toma de decisiones", ha explicado Odriozola, quien ha pedido, además, una mesa trasversal con los departamentos de Sanidad, Interior o Educación para ahondar en estas políticas.

Opinión que comparte el vicepresidente de la Federación Europa de Personas Mayores (Eurag), Japp van der Spek, quien ha remarcado que es importante que la Unión contemple la puesta en marcha de una carta de derechos humanos para este colectivo, independientemente de la edad, el sexo o la discapacidad que tengan, y que sirva para garantizar las prestaciones en el futuro.

De izquierda a derecha: Jaap van der Spek, vicepresidente de la Federación Europea de Personas Mayores (Eurag); Sara Buesa, directora del Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria; César Antón, director general del Imserso; y Valvanera Manzanedo, responsable de los centros socioculturales de mayores del Ayuntamiento de Vitoria.

Por su parte, Luis Martín Pinado, presidente de UDP ha transmitido a la Administración de "la preocupación de los mayores ante las barreras de acceso al sistema sanitario o a determinados medicamentos y tecnología punta por medidas discriminatorias de edad", ha explicado.

Finalmente, Enrique Martín-Serrano, representante de secciones de política social de CCOO ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una reforma constitucional para proteger a los mayores y los dependientes ante el "vaivén" de las políticas, ya que, según Martín-Serrano, "conforme pasan las mayorías parlamentarias, se van cambiando".

Los trabajadores sociales piden liderar la ‘gestión de casos’ en dependencia

Los trabajadores sociales reclaman protagonismo en la gestión de casos de la atención a la dependencia. Así lo ha expresado Ana Isabel Lima, presidenta del Consejo Estatal de Trabajo Social en el I Congreso Estatal de Servicios Sociales, celebrado en Vitoria.

De izquierda a derecha: José Antonio López, presidente de SEGG y Ana Isabel Lima, presidenta del Consejo Estatal de Trabajo Social; Conrado Escobar Las Heras, consejero de Políticas Sociales de La Rioja; César Antón, director general del Imserso; Maravillas Izquierdo, subdirectora de Cartera Básica de Servicios del Ministerio de Sanidad; y Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Fundación Edad&Vida.

Lima considera necesario una coordinación entre las profesiones sanitarias para atender, de una forma más adecuada, a estos pacientes, pero que el liderazgo no se limite únicamente a las enfermeras (como se lleva haciendo normalmente), sino también a los trabajadores sociales. "No pedimos exclusividad, porque entendemos que aún tenemos algunas debilidades, como el ratio de profesionales,  pero queremos el reconocimiento profesional que merecemos", ha explicado.

Concretar la cartera básica sociosanitaria

El Ministerio de Sanidad, por su parte, está trabajando conjuntamente con este colectivo profesional para elaborar un decálogo en atención sociosanitaria, con el fin de remitirlo a las comunidades autónomas, quienes harán también sus aportaciones. En este sentido, la Administración reconoce que es necesario concretar la cartera básica sociosanitaria (como ya existe con la sanitaria), especialmente en todo lo relacionado con las ayudas al domicilio, los protocolos de detención o la incorporación de la prevención de la fragilidad, entre otros asuntos, ha asegurado Maravillas Izquierdo, subdirectora general adjunta de la Cartera Básica de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad.

César Antón, director general del Imserso, ha pedido fomentar la cultura de la innovación y la formación entre los profesionales sociosanitarios, con el objetivo de alcanzar una atención integral y continuada a la persona, ya sea en el ámbito domiciliario o en los centros residenciales.

Por otro lado, Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Fundación Edad&Vida apuesta por poner en marcha un modelo de acreditación de atención sociosanitario por grados de dependencia y que sea evaluable por objetivos y resultados, independientemente de si el centro es de titularidad pública o privada.

Sanidad trabaja para homogeneizar los baremos de dependencia y discapacidad

El Imserso, instituto dependiente del Ministerio de Sanidad, está trabajando para que los baremos de discapacidad y dependencia se igualen, tanto en los criterios de homologación como en los centros de validación de los mismos. Así lo ha expresado Miguel Ángel Miralles, director gerente del Instituto Murciano de Acción Social en el I Congreso Estatal de Servicios Sociales, celebrado en Vitoria.

De izquierda a derecha: Ignacio Tremiño, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad; Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales; y César Antón, director general del Imserso.

Según este experto, los baremos para atender una u otra situación se realiza con distintos pasos, así como en distintos centros, lo que considera "inapropiado" para el modelo que atienden a estos usuarios. "El sistema de la dependencia sí que da derecho a las personas, pero el de discapacidad no. Debería aplicarse un sistema de actuación en estos pacientes y no de intervención", ha solicitado.

En esta línea, Isabel Herranz, la subdirectora general de Planificación del Imserso del Ministerio de Sanidad, ha asegurado que el compromiso del Gobierno, desde 2009, es modificar los baremos para adaptarlos a las cualificaciones internacionales, como tener en cuenta las actuaciones sociales, por ejemplo, ha subrayado.

Experiencias europeas y nacionales

Ricardo Rodrigues y Carlos Raúl de Pablos han sido los encargados de contar las experiencias en materia de discapacidad y dependencia que se aplican, tanto a nivel europeo como autonómico, respectivamente.

Según el responsable del programa 'Health and Care' del Centro Europeo de Políticas del Bienestar Social e Investigación, Europa se enfrenta a un "peligro de exclusión laboral" a basar su modelo de cuidadores asistenciales en mujeres de mediana edad y pertenecientes, principalmente, al entorno familiar. "Esto puede provocar un coste social irreversible", ha alertado.

El Viejo Continente afronta, en los próximos años, dos importantes retos, según Rodrigues: la equidad entre regiones para homogeneizar los tipos de cuidados y la importancia de incluir a los enfermos con demencia en los cuidados a largo plazo.

El gerente de Servicios Sociales de Castilla y León ha puesto sobre la mesa las iniciativas aplicadas en su región, donde el Gobierno autonómico ha tenido una estrecha relación con el Cermi para la elaboración de los acuerdos.

Ambos organismos han puesto en marcha un plan profesional de cuidadores, la estrategia 'doble vinculada' y la compatibilidad de las prestaciones del entorno familiar con el de los trabajadores sociales.     

Camarero hace balance de la legislatura en dependencia: sobresaliente

La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha clausurado el I Congreso de Servicios Sociales, donde no ha querido dejar escapar la oportunidad de hacer una revisión que ha hecho el Gobierno en materia de dependencia, infancia o familia. Camarero ha puesto sobre la mesa los datos más actualizados en inversión, listas de espera o número de prestaciones, para resaltar la labor que el Ejecutivo ha realizado en materia social en los últimos cuatro años.

José Antonio López, presidente de la SEGG, Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales, y Conrado Escobar, consejero de Políticas Sociales de La Rioja.

"A pesar de que la situación económica al inicio de la legislatura golpeó con fuerza a los más débiles, el Gobierno se puso a trabajar de inmediato para impulsar reformar, duras pero necesarias, que permitieran retornar al país a la fortaleza y la competitividad necesaria", ha detallado la secretaria de Estado en Vitoria, lugar de la celebración de esta cita.

Para reforzar su discurso, Camarero ha anunciado las medidas llevadas a cabo por la Administración para cambiar el panorama social y económico el país. Iniciativas como la reforma del mercado laboral, que "ha permitido establecer una política social", ha expresado, o las llevadas a cabo en sanidad -"para garantizar su universalidad"- o en servicios sociales -"estableciendo prestaciones que antes ni existían"-.

"Ahora contamos con las condiciones necesarias para devolver a la sociedad parte del esfuerzo realizado en los años más difíciles", ha remarcado la secretaria de Estado, en relación al aumento presupuestario que el Ejecutivo ha autorizado en materia social.

En materia de dependencia, Camarero ha recordado los más de 6.500 millones de euros que ha aportado el Gobierno para financiar este sistema (sin contar con la parte que invierten las comunidades autónomas), así como la reducción de las listas de espera en más de un 50 por ciento en los últimos cuatro años, hasta cumplir con el calendario previsto por la ley que pedía la incorporación de los moderados de grado I en 2015.

"Hemos respetado escrupulosamente la ley, incluso en los momentos de dificultades económicas", ha insistido Camarero.  "Nuestro reto es seguir haciendo viable este sistema, mejorando su eficacia y aplicación, junto a las administraciones autonómicas y locales".