El Cermi quiere modificar el copago en dependencia

Redacción. Madrid
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha anunciado su intención de poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la Ley de Dependencia “y establecer criterios más claros, justos e iguales” en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte de las personas beneficiarias.

Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi.

En un comunicado, la entidad que preside Luis Cayo Pérez Bueno ha mostrado su propósito de recoger al menos 500.000 firmas que respalden su propuesta de cambio legal para acabar con lo que considera un “copago confiscatorio que expulsa a las personas con discapacidad y sus familias de la protección y los derechos sociales”.

Según el manifiesto difundido, la promulgación de la Ley de Dependencia “debió suponer un avance significativo en la extensión e intensificación de los derechos sociales de amplias capas de la población” como derecho subjetivo e “inauguró una nueva forma de concebir y aplicar las políticas sociales que generó enormes expectativas en todo el tejido social”.

Siete años después de la aprobación de esta normativa, el Cermi denuncia que “el despliegue de este nuevo sistema de protección se ha enfrentado a un sinfín de vicisitudes, entre ellas, la crisis económica y social, que ha inducido a aplicar feroces políticas de recorte de gasto público, en combinación con otros múltiples factores políticos, sociales y de gobernanza”. Así, asegura que uno de los aspectos que más rechazo ha suscitado entre los potenciales beneficiarios de la dependencia ha sido todo lo que envuelve al copago, “percibido como una reglamentación carente de equidad y justicia material, próxima a lo confiscatorio y que más invita a ejercer el derecho subjetivo, expulsaba a las personas mayores y a las personas con discapacidad destinatarias naturales del sistema”.

Así, “resulta urgente e imprescindible modificar la ley para establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones de autonomía personal y atención a la dependencia por parte de las personas beneficiarias, mujeres y hombres con discapacidad y de edad avanzada”. Por ello, piden la modificación del artículo 14 de la vigente ley, para precisar que será también objeto de normativa reglamentaria estatal la regulación de la participación en el coste de las prestaciones, al igual que ocurre ahora con la capacidad económica, así como la ampliación de los factores que se tienen presentes a la hora de determinar tanto la renta como el patrimonio, añadiendo a la edad el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria.

Asimismo, solicita la modificación del artículo 33 del texto legal para incorporar garantías para las personas beneficiarias que modulen su esfuerzo de participación en el coste de las prestaciones que reciben, como la exención de aportación por debajo de un determinado umbral de capacidad económica (2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples; la limitación máxima en la participación, que quedaría fijada en el 60 por ciento del precio de referencia del coste del servicio; o la seguridad de un mínimo para gastos personales, que no sería inferior al 40 por ciento de la capacidad económica.

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