Una apuesta por la mejora continua dialogada

La modernización, entendida como una revisión que permite buscar soluciones a aquellos sistemas que se hayan podido quedar obsoletos y adaptarlos a las necesidades reales de la sociedad actual, siempre debe resultar positiva.

Sin embargo, toda modernización implica -en mayor o menor medida- introducir novedades, lo que puede provocar en algunos casos cierto atisbo de incertidumbre. Por eso, gestionar adecuadamente el cambio siempre resulta clave para que esa supuesta modernización obtenga como resultado la optimización, la eficiencia y, por qué no, la excelencia de aquello que queremos mejorar. Y buena parte de su éxito radica en una interlocución efectiva y un trabajo conjunto con las partes implicadas que permita incorporar los planteamientos de los afectados,  conocer bien el sector, sus necesidades, su problemática y saber cómo trabajan, cómo piensan y cómo sienten sus profesionales.

Y es aquí donde nos encontramos las organizaciones colegiales. En un apasionante proceso de mejora continua.

Sin lugar a dudas, el año 2009 supuso un punto de inflexión para las organizaciones colegiales gracias a la aprobación de la Ley Ómnibus. Aunque con algunas deficiencias, gracias a ella se modernizó y se dotó de competitividad el sector de servicios profesionales. Se eliminaron trabas burocráticas y se mejoró la transparencia y la gobernanza. Hubo una fuerte apuesta para ayudar a los ciudadanos a realizar los trámites con la Administración pública de forma telemática, que se materializó con la creación de la ventanilla única. Se hizo obligatoria la publicación de memorias anuales para facilitar el acceso a toda la información relevante. Además, nuestro Consejo General de Colegios de Dentistas había ido más allá de lo que exigía la Directiva Europea de Servicios, creando el Sistema Defensor del Paciente Odontológico, con el que se atienden y resuelven las quejas e incidencias de nuestros pacientes.

Y todo esto, sin perder de vista la importante e imprescindible función social que desempeñan los consejos generales y colegios oficiales de nuestro país, que no es otra que velar por el cumplimiento de la buena práctica profesional, de acuerdo con la legislación vigente y los principios éticos, así como defender los derechos y la seguridad de los ciudadanos. Este es nuestro leitmotiv y por eso nuestro Consejo General no ha escatimado esfuerzos para adaptarse a esta nueva realidad.

La aprobación en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales en agosto de 2013 ha sido otro hito con el que se pretende modernizar de nuevo el sector servicios profesionales. Y si mejorar siempre es bueno… Imagínense mejorar lo que ya ha sido mejorado hace tan solo cuatro años.

Nuestra Organización Colegial celebra esta voluntad constante de regeneración. Sin embargo, estamos absolutamente en contra de que se haga sin consensuarse con los sectores involucrados. Además, consideramos que este proyecto de ley pone en grave riesgo los derechos de los ciudadanos ya que pretende ultraliberalizar los servicios profesionales, basándose estrictamente en criterios económicos, olvidándose por ejemplo otros aspectos más importantes como los principios éticos y deontológicos.

Defendemos que la colegiación siga siendo obligatoria en el colegio del ámbito territorial donde se ejerza de forma principal con el fin de poder velar eficientemente por la buena práctica profesional.

Asimismo, echamos en falta una mayor regulación de la publicidad del sector sanitario con el fin de proteger a los ciudadanos de posibles publicidades engañosas. Y sería también positivo que la futura normativa otorgara a los ciudadanos el derecho a conocer los honorarios mínimos orientativos a través de estudios de mercado realizados por instituciones independientes a la Organización Colegial. Además, esta información es importante en determinados procedimientos judiciales.

En cuanto a las incompatibilidades de los cargos colegiales, estamos a favor de regular las incompatibilidades pero sólo cuando exista un auténtico conflicto de intereses. Desde el Consejo General de Dentistas no entendemos qué obstáculo y riesgo comporta la simultaneidad de un directivo de un Colegio y de una mutua aseguradora de previsión social. Tampoco parece razonable exigir un régimen de dedicación exclusiva para tener una compensación económica, siempre que ésta haya sido informada con trasparencia y aprobada por el órgano directivo correspondiente.
Y defendemos nuestra independencia que como sociedad civil poseemos en la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Con todo esto, podemos concluir que apostamos por el cambio. Por la mejora continua. Pero siempre una mejora dialogada.