Los indicadores de calidad, talón de Aquiles de la sanidad

La falta de indicadores de calidad y de resultados de salud desvela el punto débil de la sanidad pública española y, con él, la imposibilidad de estudiarlo a partir de fuentes fidedignas que den pie a solucionar sus problemas.

De ahí que los presidentes de las sociedades científicas y de asociaciones de profesionales y de directivos de la salud persistan en su reclamo de métodos de evaluación sistemática que pongan fin a esa carencia, flagrante cuando se leen algunos estudios de campo que incluyen recomendaciones para mejorar la asistencia viciados por la ausencia de datos que midan con objetividad el estado del sistema sanitario.

Por eso existe un hueco en el mercado de la sanidad española: la demanda de herramientas que evalúen, por ejemplo, lo que se ha denominado gestión del riesgo, aspecto fundamental de un hospital desde la perspectiva de los aseguradores privados, por ejemplo, pero también de los representantes de las administraciones públicas a quienes se asigna su gobernanza.

En este contexto, han surgido algunas iniciativas como la que ha explicado a este columnista Antonio Burgueño Jerez, socio director del Proyecto Galton Health Care Risk Management, pomposo nombre que esconde una buena idea: evaluar el grado de riesgo de cualquier hospital a partir de la revisión de la literatura científica, el examen de lo que se hace en el centro en materia de seguridad del paciente y el uso de la informática y de otros recursos que aprovechen los datos recabados, que en efecto existen pero no se traducen en números y estadísticas fiables.  

Por lo pronto, los autores del trabajo han identificado 130 puntos de riesgo en cada hospital a lo largo de la evolución de cada enfermo, y ha contrapuesto alrededor de 500 medidas para contrarrestarlos. Pero la parte más valiosa de la idea reside en identificar los parámetros medibles y dar respuesta a la pregunta habitual de los inversores: ¿qué nivel de riesgo se calcula para este hospital?

Al menos se trata de un primer paso para unificar los criterios de evaluación del rendimiento de los centros sanitarios más allá de lo que hacen ahora las agencias territoriales dedicadas a tal cometido. Una vez más, las empresas privadas completan las tareas que debe cumplir el Estado, a menudo ausente a la hora de satisfacer las demandas de los pacientes.