El Gobierno ha incumplido sus compromisos con los médicos

El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha decidido denunciar y proceder a un calendario de movilizaciones en el seno de la profesión contra el incumplimiento por parte del Ministerio de Sanidad del acuerdo-marco firmado con el Foro de la Profesión Médica (del que forma parte nuestra organización sindical junto con los colegios y todas las sociedades científicas) en el Palacio de la Moncloa el 30 julio de 2013.

Ha sido una decisión que veníamos meditando seriamente desde antes del verano y que finalmente hemos llevado a cabo ante la última gota que ha colmado el vaso de nuestra paciencia: la negativa del Ministerio a modificar el borrador de real decreto por el que se fija el futuro funcionamiento de las unidades de gestión clínica, al no contemplarse en él lo que previamente había consensuado con el Foro, a saber (y por resumir): que estas unidades deben estar lideradas por los médicos, ser asumidas por todos los servicios autonómicos de salud y conllevar incentivos económicos para los profesionales que voluntariamente quieran involucrarse en ellas, aunque, atención, sin estar vinculados exclusivamente al ahorro, como sugiere la norma en ciernes. Además, el citado borrador tampoco contempla que la designación del director debe realizarse a través de concursos públicos, lo que significa que se hará mediante libre designación, es decir, a dedo.

Acabamos así de citar uno de los puntos que nos han determinado a decir basta, aunque sólo es uno de los varios e importantes asuntos que nos tienen realmente contrariados. En realidad, el Ministerio (y el Gobierno de la nación a su través) no ha dado satisfacción a ninguno de los compromisos adquiridos con los médicos en el acuerdo firmado hace ya más de dos años, que en síntesis eran los siguientes:

- La necesidad de llegar a un Pacto de Estado para que la Sanidad deje de ser un arma arrojadiza en la confrontación entre los partidos.

- La apuesta por un modelo de Sanidad con gestión pública, gratuita, universal, equitativa, de calidad y cuya gestión se desarrolle conforme a la Ley General de Sanidad.

- Definir un nuevo modelo de financiación estable, suficiente, de acuerdo con los principios de cohesión territorial, igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones.

- Garantizar las condiciones básicas de los profesionales dentro del SNS, y que éstas sean competencia del Estado, según la legislación vigente.

- Recuperar las pérdidas salariales producidas desde 2010.

- Reconocer el singular papel del médico en la asistencia sanitaria y darle mayor protagonismo en la gestión de la misma.

- Crear un foro de diálogo permanente a través del Foro de la Profesión Médica para tratar los asuntos que nos conciernen directamente a los facultativos.

Cuestión de voluntad
CESM siempre entendió que estas líneas maestras del acuerdo alcanzado con el Gobierno eran de carácter eminentemente político, es decir, que resultaban técnicamente viables a condición de que existiera una voluntad ejecutiva para llevarlas a efecto, lo cual exigía una demostración de que el Ministerio estaba dispuesto a liderar el Consejo Interterritorial de Salud a fin de obligar a las comunidades autónomas representadas en él a asumir las nuevas pautas establecidas.

Pues bien, por aquí se puede decir que se nos ha caído el andamio. La anterior ministra de Sanidad, Ana Mato, con la que por cierto firmamos el acuerdo en presencia del presidente del Gobierno, tuvo gestos que parecían  indicar cierta resolución a la hora de ejercer ese liderazgo ante la reticencia manifiesta de las CCAA, pero no se puede decir lo mismo del actual ministro Alfonso Alonso, quien en ningún momento (o esa es al menos nuestra impresión) ha demostrado tener voluntad de cohesionar el SNS mediante la dirección adecuada de las decisiones que se toman en el Consejo Interterritorial.

Ni un solo punto
Si reparamos en los puntos centrales que conformaban el pacto firmado, comprobamos que no se ha cumplido ninguno de ellos, comenzando por el relativo a la financiación y sostenibilidad del SNS, cuyo presupuesto no ha dejado de disminuir desde 2009 pese a que desde hace muchos meses el Gobierno asegura que la crisis económica está ya superada y nuestro país crece a un ritmo superior al de la media de la UE. Y huelga decir que el Pacto de Estado para asegurar la calidad y hacer sostenible nuestra sanidad pública, en lugar de ser abordado con la decisión y altura de miras que requiere, ha vuelto a quedar en lo de siempre: un elemento retórico más alojado en la recámara de los partidos políticos para ser utilizado como munición eventual contra el contrario, es decir, justo la antítesis de lo que debería ser.

Por otra parte, y siguiendo con las causas que explican la decisión tomada por el Comité Ejecutivo de la Confederación (del que forman parte todos los sindicatos autonómicos), hay que señalar que la precariedad laboral no sólo no se ha reducido, sino que va a más. De hecho, el Estado se ha convertido en la mayor empresa de trabajo temporal de España, como se puso de relieve en la segunda oleada del Estudio sobre la situación laboral de los Médicos en España, elaborada con 11.731 encuestas de médicos colegiados y realizada por la Organización Médica Colegial (OMC) en colaboración con CESM.

Según esta encuesta, en la que participaron 51 de los 52 colegios médicos del país y cuenta con el aval del Foro de la Profesión Médica, el 41,6% de los facultativos que trabajan actualmente en el SNS sin plaza en propiedad lo hacen con contratos precarios, tres puntos por encima de la encuesta anterior.

Hay, pues, unos niveles de precariedad intolerables y también menos profesionales de los necesarios, dado que la mayor parte de los puestos vacantes por jubilación no se han repuesto. Los servicios autonómicos de salud dedican hoy a Sanidad un 11% menos que en 2010, y esto está afectando negativamente a la reposición de las plantillas de profesionales con la consiguiente sobrecarga de trabajo y el incremento de las listas de espera.

Para colmo, el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 nos asigna una subida salarial de sólo el 1%, lo que implica que también se incumple el compromiso de compensar al médico por los recortes salariales abusivos que hemos padecido. Cabe recordar en este sentido que desde 2010 hemos soportado una pérdida adquisitiva media de en torno al 25%, que sería aún mayor si se considera que a partir de 2012 se amplió la jornada ordinaria en 2,5 horas semanales y se eliminaron días de libre disposición sin contraprestación económica alguna.

Rajoy, garante
Como ya hizo la propia CESM en la carta que le remitimos el pasado mes de mayo, el Foro de la Profesión Médica ha recordado recientemente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que los acuerdos fueron firmados en su presencia, por lo que es garante de su cumplimiento.

Desgraciadamente, su actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no ha mantenido una continuidad con la actividad de su antecesora en el cargo, por lo que hemos hecho ver a La Moncloa que debe tomar cartas en el asunto si quiere restituir el clima de diálogo con los médicos.

Por nuestra parte, seguimos esperando esa respuesta, aunque no lo haremos con los brazos cruzados.