Dialogamos, discutimos y no solucionamos

Ahora que todo el mundo se reúne, que todo los partidos buscan consenso, que se pone el acuerdo en lo que nos une y no en lo que nos separa, ahora se habla de sanidad.

Pues bien, nada más lejos de la realidad. No solo ha sido clamoroso su recuerdo en los debates, sino que estando en jaque la financiación y continuidad del modelo y pasando los días con cotas de calidad cada vez más propias de países en desarrollo, que de los llamados de nuestro entorno.

La mejora de la financiación del sistema sanitario público es, a todas luces, imprescindible ante la evidencia del déficit generado y comparando el gasto con el de los países de nuestro entorno. Hay que tener en cuenta además las características obsoletas de nuestro modelo, recogidas en la Ley General de Sanidad de 1986.

Seamos rigurosos y objetivos con los factores que nos perturbarán y seguirán aumentando el gasto. Además del envejecimiento, la tecnología y el aumento de población, debemos tener en cuenta al propio ciudadano, en relación a su comportamiento y a hábitos en relación con su salud y con la de los demás, y también con la utilización que de los servicios sanitarios hace.

Pero un factor menos valorado que actúa sobre el gasto son las decisiones políticas sobre la planificación y organización de los servicios, como también la legislación de carácter general, que incide sobre el sector sanitario. A título de ejemplo: normativas sobre el IVA, la ley de protección de datos, la ley de prevención de riesgos, cambios de cotización para los accidentes laborales, incrementos de las primas de los seguros de responsabilidad civil, etc.

El paquete de las decisiones políticas, de planificación y organización son regulaciones no discutibles pues persiguen la mejora en la calidad y seguridad de los servicios, pero condicionan también el gasto. De este modo, las inversiones para abrir nuevos centros u ofrecer nuevos servicios parecen preocupar más que sostener el gasto de su funcionamiento futuro, cuando la equidad de acceso geográfico es tomada como prioridad. Hay que considerar pues a las propias administraciones del Estado y de las comunidades autónomas como generadoras también de gasto sanitario a partir de sus decisiones. No se actúa con criterios, ya no de eficiencia, efectividad y eficacia, también teniendo en cuenta el más mínimo sentido común para con las necesidades reales de cobertura de cartera de servicios y racionalización del gasto.

Nosotros siempre sindicalmente hemos abogado por criterios y gestión profesional, por presupuestos finalistas y por implicación responsable de todos los participes en el mantenimiento de un bien tan preciado como es la cobertura sanitaria universal.

Hay que poner fin a una crónica de insuficiencia financiera del sistema sanitario público, que se ha visto agravada con los recortes presupuestarios y que han hecho mella en una situación preexistente que tampoco era buena como se puede comprobar con las deudas de las autonomías con los proveedores.

Ahora precisamente, que todo el mundo dialoga, que solicita pactos de Estado, que pide regeneración, que pide hacer causa con los deseos de la población y que se empieza a hablar del empoderamiento de la sociedad civil, establezcamos unas bases sólidas con los siguientes condicionantes:

-Financiación suficiente para sanidad, realizando un Plan Integrado de Salud que defina necesidades y objetivos de salud y los fondos precisos para conseguirlos.

-Financiación finalista para garantizar la eliminación o al menos reducir al mínimo las desigualdades en los diferentes sistemas sanitarios.
 
-La instauración de algún mecanismo de compensación que asuma los costes de la asistencia recibida en una comunidad autónoma distinta a la de la residencia habitual.

- Cambiar contenidos y competencias por ley del Consejo Interterritorial, cuyas decisiones debieran ser de carácter vinculante, así como dotarle de funciones de árbitro, observador, evaluador y con disponibilidad de fondos de cohesión potente, que amortigüen los desplazamientos poblacionales internos y externos.

Estamos ante la mejor oportunidad para resolver de manera definitiva un problema antiguo, que ha ido parcheándose, mal resuelto y que la crisis ha desnudado y hecho visible. La financiación finalista es la clave de cualquier solución. Si no se pone en marcha, la sanidad seguirá siendo la excusa de todas las comunidades para conseguir una financiación que ellas mismas se encargan de despilfarrar en otras cosas. Por eso rechazan este sistema, olvidando que es el único con capacidad para garantizar la protección de la salud para todas las personas en todo el territorio del país.