David García. Madrid
De izquierda a derecha, José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio de Agresiones de la OMC; Serafín Romero, vicepresidente de la OMC; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC; y Juan Manuel Garrote, secretario general de la OMC.
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Con motivo de la celebración del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, que se celebra este miércoles, la Organización Médica Colegial ha dado a conocer los datos al respecto del último año que muestran como estas agresiones han disminuido un 2,8 por ciento (de 354 en 2013 a 344 en 2014) aunque también sigue descendiendo el número de profesionales que se atreven a denunciarlas (del 74 por ciento en 2010, año del primer estudio de agresiones de la OMC, hasta el 66 por ciento de este último año). Solo en un 53 por ciento de los casos se llega a celebrar juicio.
De todas las agresiones, un 18 por ciento conllevaron lesiones, un dato que se ha mantenido en los últimos años.
Otra cifra que ha aumentado es el número de profesionales que tuvieron que cogerse una baja después de la agresión: del 9 por ciento de 2013 al 12 por ciento de 2014.
La mayoría de las agresiones se producen en el sector público (un 87 por ciento), en Atención Primaria (un 48 por ciento), por un paciente programado (36 por ciento) y por discrepancias en la atención médica (un 30 por ciento).
Por CCAA, Andalucía (90) y Madrid (60) son las que en términos absolutos más registran, mientras que Extremadura y Ceuta y Melilla son las que más agresiones registran por cada mil colegiados (5,17 y 6,64 por ciento respectivamente).
Desde la OMC valoran también otros datos, como que se han duplicado el número de sentencias condenatorias en un año (en 2014 hubo 71, de las que 43 fueron calificadas como delitos y 28 de faltas).
Para evitar estas agresiones, y con el propósito de una 'tolerancia cero', la OMC ha presentado además un manifiesto en el que se piden, entre otras medidas, que las administraciones sumen a las campañas de violencia de género otras campañas para concienciar a la sociedad, que se comprometan en la formación de los sanitarios para que estén preparados ante este tipo de situaciones y que las agresiones sean consideradas como delito contra la autoridad, tanto si los médicos trabajan en el ámbito público como en el privado.
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