La asamblea de la OMC apoya fortalecer la autoridad sanitaria estatal

Redacción / Marcos Domínguez. Madrid

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC.

La asamblea general de la Organización Médica Colegial (OMC) ha aprobado un documento una declaración sobre la gestión de la crisis del ébola en la que demanda revisar los protocolos, la formación de los profesionales y la información transparente a la ciudadanía, así como aboga por un plan nacional de hospitales y personal específico para enfermedades altamente infecciosas.

La declaración endurece el tono al considerar, sobre la actuación del Ministerio de Sanidad, que “es propio de las sociedades desarrolladas y maduras no señalar sólo lo que a todas luces se puede estar haciendo mal, sino construir soluciones”. Así, la crítica directa se transforma en propuestas constructivas, dando “la voz y dejar que actúen los que conocen y saben manejar el problema”, es decir, los profesionales. No obstante, explican que “se nos informó del estado de la crisis el primer día por la ministra y la secretaria general, información que ha sido constante y mantenida en el tiempo”.

Sin embargo, sí concluye que, durante esos primeros días, la gestión “hubiera precisado una mejor coordinación”. Sobre este asunto van más allá y sugieren la posibilidad de transferir competencias asumidas por las autonomías, ya que “la situación de la salud pública en España está transferida a las comunidades y algunas de ellas la tienen dividida y desorganizada, sin una entidad propia”.

A este respecto, el documento explica que “siendo un éxito el proceso de transferencia de responsabilidades asistenciales y sanitarias a las comunidades, es necesario reprogramar el papel central y fundamental de autoridad sanitaria central española”, hasta el punto de sacrificar competencias de las regiones “que la experiencia ahora nos dice que no debieron ser transferidas”. Pese a todo, no especifica más qué tipo de funciones deberían ser devueltas a la Administración central.

Los recortes presupuestarios "pueden afectar a la capacidad de respuesta"

Sí especifica, en cambio, lo perjudicial que ha sido “la supresión de la Dirección General de Salud Pública en la Comunidad de Madrid”, así como el cambio “en la relación del Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III” y la lentitud en la aplicación de la Ley General de Salud Pública de 2011. Mención especial merece la “reducción de presupuestos en salud pública”, que “pueden afectar a la capacidad de respuesta”.

La conclusión de la organización colegial no puede ser más clara: “No es posible actuar en salud pública sin valorar, sin saber, sin creer en la salud pública”.

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