Incentivar al médico, clave en la reforma de AP

María Márquez. Madrid
Siete de los doce expertos del comité designado por la Comisión Europea para arrojar luz sobre la eficiencia sanitaria han analizado las bases para una más eficiente Atención Primaria (AP), así como las lagunas de su gestión. Además de cuestionar los copagos farmacéuticos e insistir en la importancia de un acceso universal, los expertos recalcan claramente la ecuación calidad asistencial-motivación del profesional, para el que piden incentivos.

Incentivos

Tonio Borg, comisario europeo de Salud y Consumo.

En sus recomendaciones, los expertos explicitan “condiciones laborales atractivas”, “habilidades adecuadas en equipos interprofesionales”, y “pago de incentivos que mejoren la calidad asistencial”. En esta línea, se recomienda “el intercambio estimulante” de las mejores prácticas hasta el punto de poder crear una ‘comunidad europea de aprendizaje en AP’. La mejora continua de las condiciones asistenciales debe pasar por “monitorizarlas” mediante métodos comparativos e indicadores. Pero no solo el Gobierno en cuestión o los profesionales han de estar implicados, el comité de expertos aconseja “colaboraciones entre pacientes, proveedores (Gobiernos) y profesionales” para culminar objetivos. Sin embargo, llaman la atención sobre los incentivos económicos: por sí mismos, no pueden conseguir eficacia en las “direcciones correctas” sino que deben estar “acompañados” por otras “herramientas”, como la monitorización y la retroalimentación entre profesionales. Por otro lado, apunta como “cuestión crítica” el papel de los incentivos individuales y lo grupales.

A nivel estatal, las diferencias entre el pago de incentivos es “significativa”, según este análisis europeo. Los rangos van del 1 al 25 por ciento, si bien, recalca, los porcentajes más elevados son “mucho menos comunes” que los más bajos. El grado de éxito no ha podido ser evaluable para estos expertos porque, explican, “los métodos de evaluación de los países son limitados”. Del estudio se desprende, sin embargo, que el pago “por resultados” puede llegar a ser la mejor manera de alcanzar los retos sanitarios.

Acceso universal y equitativo

El “fortalecimiento” que demandan para el primer nivel asistencial es aparejado por estos expertos con la “accesibilidad universal” para un “amplio rango de problemas”. Así consta en la propia definición de la AP: universalmente accesible y centrada en el paciente. Esa colaboración antes citada con los pacientes debe enmarcarse en un “contexto familiar y de comunidad”, jugando un papel central en la coordinación y continuidad del cuidado del paciente. En cuanto a la posible exclusión de colectivos ciudadanos de la asistencia sanitaria o su alejamiento del circuito asistencial, alertan que no debe considerarse “una recompensa” cuando se tratan de pacientes graves o con múltiples factores de riesgos.
Ese rol del enfermo debe ser alentado por el sistema sanitario en cuestión, que debe animarle a no abandonar la adherencia al tratamiento y a seguir las pautas médicas, porque no solo “mejora su salud sino que se reducen costes”.

La disuasión del copago farmacéutico, sin evidencia

El informe tilda de “catastrófico” la consecuencia para la salud de los copagos que ejecutan “muchos países”, en especial en lo que afecta al sector de la población más desfavorecido. Cuestionan hasta tal punto su eficacia que apuntan que “en general” su habilidad para alcanzar objetivos sanitarios son “limitadas”. Los adjetivos se completan con “injustos” e “ineficientes” y su efecto entre el tratamiento “necesario o innecesario”, es decir, en la parte disuasoria de su cometido, no es evidente para los expertos. Y aunque dichos copagos sean menos importantes económicamente y los pacientes cuenten “con mecanismos de protección”, el comité asegura que pueden tener un “efecto negativo” en la salud.

No se descarta la potencialidad del copago, pero insisten en que debe ser ejecutado “de forma selectiva” siguiendo prioritariamente el criterio “valor” y de necesidad. De hecho, llaman a que los Gobiernos no utilicen “argumentos financieros” para argumentar posibles inequidades en el acceso a la atención sanitaria.

Financiación suficiente

Partidas públicas suficientes para la AP, destinadas y repartidas para asegurar el acceso efectivo a los servicios sin “discusiones financieras” u otras barreras. Las tasas directas y los seguros sociales son, para este grupo de trabajo de la Comisión Europea, mucho más “progresivos” que las tasas indirectas y los copagos, siendo tildados estos de “regresivos”. Así, instan a los países a “promover la equidad financiando y reduciendo su confianza en los copagos”.

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