González Jurado: “Se ha vulnerado la ley”

Cristina Alcalá. Madrid

El presidente del CGE, Máximo González Jurado, en el centro, sostiene el informe sobre el ébola. A la derecha, Francisco Corpas, asesor jurídico del Consejo; Pilar Fernández, vicepresidenta; y José Luis Cobos, asesor de Gabinete de Estudios de este organismo.

El Consejo General de Enfermería (CGE) tiene claro que ha habido una posible vulneración en la ley de riesgos laborales pero, sobre todo, y sin lugar a dudas, una vulneración en el artículo 4.7.b de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS), al no contar "en ningún momento" con las indicaciones de los enfermeros para elaborar los protocolos de actuación frente al virus del ébola en España, según ha expresado Máximo González Jurado, presidente del CGE, durante la presentación del informe que el sector ha elaborado a raíz del primer caso de contagio en el país.

"El misionero García Viejo fue atendido hasta en 108 ocasiones, de las cuales, 102 fueron por enfermeros, es decir, un 95 por ciento" y, sin embargo, se aqueja González Jurado "nunca se ha tenido en cuenta al personal de Enfermería", algo que tacha de inaceptable.

Con esta investigación, exponen desde el Consejo, se pretende arrojar luz sobre el caso de la sanitaria, para identificar, de forma exhaustiva, aquellas situaciones que "no se ajustan a las buenas prácticas, la legalidad vigente e, incluso, al sentido común". Por ello, "hemos hecho este informe con una finalidad ética, profesional y jurídica", ha remarcado González Jurado.

Con este documento, Enfermería quiere contribuir a la seguridad de los sanitarios españoles ante este tipo de amenazas. Para ello, ha contado con el trabajo de profesionales que han atendido de primera mano a enfermos por virus de ébola, a los que reunió a las pocas horas del contacto en un consejo extraordinario, para analizar en profundidad las causas.

"No han recibido la formación necesaria"

La formación recibida por los profesionales sanitarios ha sido uno de los puntos más debatidos. Para Enfermería, las clases prácticas que estos trabajadores han recibido siempre han sido deficientes y escasas.

"Los profesionales que han trabajado en este informe denuncian que no han recibido la formación necesaria" por parte de las autoridades sanitarias, ha explicado González Jurado, quien ha enumerado una lista de errores que se han acometido en las clases prácticas de estos protocolos.

A través de gráficos facilitados por compañeros del sector, el CGE muestra el "inadecuado entrenamiento" que recibieron, así como los fallos que presentan los trajes de protección EPI, en varios hospitales de España: el Carlos III, el Puerta de Hierro, el de Móstoles, el Infanta Cristina o el que se facilita en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), entre otros. Según González Jurado, estos son algunos de los ejemplos en los que no se han tenido en cuenta la ley de riesgos laborales, que protegen la salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo.

En su opinión, estos protocolos deben de ser dinámicos, y deben variar, para adaptarse, de la mejor forma posible a las circunstancias. "De hecho, actualmente no existe un protocolo en la web de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque se han dado cuenta de que no se ajusta a la situación actual". Por ello, Enfermería tiene claro que "desde un primero momento se iba a penalizar a la auxiliar Parece que solo se equivocan los profesionales".

Enfermería se personará ante la Fiscalía

Ante esto, Enfermería pide a las autoridades sanitarias que dicte normas claras, únicas y uniformes e investiguen las responsabilidades derivadas a todos los niveles (laboral, penal y civil). "Nosotros nos vamos a personar ante la Fiscalía con toda la información que tenemos", ha asegurado el presidente del CGE, quien a su juicio, la responsabilidad de estos fallos no es el Ministerio de Sanidad, que no tiene competencia al respecto, sino el de las comunidades autónomas, quienes tienen la sanidad transferida.

En el apartado de dimisiones, los enfermeros lo tienen claro: el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, trasvasa todas las responsabilidades políticas, éticas y judiciales, "cuando además ha acusado al enfermo de su situación, y para más inri, cuando es sanitario". "En vez de premiar al profesional, lo criminaliza. Es difícil entender que, a día de hoy, siga siéndolo", ha remarcado González Jurado. "Nosotros no pedimos su responsabilidad, la exigimos".

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