El Tribunal de Cuentas destapa desviaciones en sanidad de casi 1.000 millones de euros

Cristina Alcalá. Madrid
El Tribunal de Cuentas, a través del informe de las cuentas generales del Estado en 2012, ha detectado unas desviaciones en materia sanitaria de casi 1.000 millones de euros. En concreto, en el documento oficial se detalla que, aproximadamente, unos 959 millones de euros, tanto de ingresos como de pagos, se han registrado erróneamente en las cuentas estatales en este sector hasta este momento.

Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas.

La cuantía más importante tiene que ver con el paquete relacionado con las deudas aplazadas por cotizaciones sociales de instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, que fue objeto de moratoria desde la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para 1995, que asciende a 555,8 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social, de 109 millones al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de 5,7 millones al Fondo de Garantía Social. Tal y como explica el informe, estas deudas fueron aplazadas tras la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

Otra importante partida es la que tiene que ver con las transferencias y subvenciones hechas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hasta el momento. En concreto, el documento eleva a 173,8 millones de euros la desviación correspondiente a gastos del ejercicio por subvenciones para fines de interés social, regulados por el artículo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, a este departamento.

Muface

El Tribunal de Cuentas, dentro del epígrafe de ‘Acreedores presupuestarios y otras cuentas a pagar’ también se percata de las cuentas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), a quien atribuye un registro indebido en relación a la prestación farmacéutica entre los años 2011 a 2013 de 44,4 millones de euros.

Traspaso de las competencias sanitarias

En relación a la transferencia que la Administración central ha hecho a las diferentes autonomías de las actividades sanitarias, el informe hace hincapié en varios aspectos. El primero de ellos, la cancelación de la deuda estatal desde hace cuatro años, y que aún no se ha hecho efectiva, por un valor de nueve millones de euros por el traspaso de las competencias sanitarias a las comunidades de Navarra y del País Vasco.

Como siguiente término, el Tribunal de Cuentas señala que en el ejercicio 2012 el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha imputado a su presupuesto y a su resultado económico-patrimonial 9,38 millones de euros por gastos correspondientes a 2010, por lo que el Tribunal de Cuentas lo considera, también, una desviación.

Y el tercero de ellos está relacionado con la cancelación de la deuda contraída por el antiguo Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Insalud) con el Estado de tres préstamos por valor de 3,37 millones de euros acumulados desde diciembre de 2012 y pendientes de pago desde hace más de 20 años, desde 1991.

Instituto Social de la Marina

Por su parte, el Tribunal de Cuentas registra un importe de 41,7 millones de euros que se debe a diferentes ajustes por desviaciones negativas de financiación a la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina (ISM) que, entre otros conceptos, se recoge también el de medicina marítima. Sin embargo, y tal y como se detalla en el texto oficial, “mientras la Seguridad Social no delimite convenientemente en las dotaciones presupuestarias del programa de medicina marítima, el componente contributivo y no contributivo, el importe de las desviaciones negativas de la financiación referentes a ésta, no debe incluirse en la financiación afectada por imputable a la Administración General del Estado (AGE)”.

Por último, La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) tiene una obligación pendiente de aplicar a su presupuesto de 1,11 millones de euros, una cantidad que comparte, y que el documento no desgrana, con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

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