Economía marea la perdiz con la Ley de Colegios Profesionales

Javier Leo. Madrid
El Ministerio de Economía y Competitividad mantiene en el más absoluto silencio el avance en la aprobación del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales después de su paso por el Consejo de Estado. La situación de desconcierto es generalizada entre los consejos generales sanitarios consultados por Redacción Médica, que reconocen que la comunicación con Economía por el anteproyecto es inexistente desde hace meses.

El ministro de Economía, Luis de Guindos.

La ley (cuyo último borrador, el que ha pasado por el Consejo de Estado, ofrece Redacción Médica en primicia) ya debería estar aprobada por Moncloa y afrontando su tramo final en las Cortes. Sin embargo, los colegios desconocen si se volverá a redactar una nueva versión tras las críticas del dictamen del Consejo de Estado al “excesivo” afán del Gobierno por tutelar a los colegios, o si pasará sin grandes cambios al Consejo de Ministros al no ser vinculantes las observaciones de dicho órgano consultivo.

A este respecto, fuentes del Ministerio de Educación, muy implicado en la norma junto con la propia Economía, Hacienda y, ya en menor grado, Sanidad, aseguran que se está preparando un redactado específico, hasta ahora desconocido, sobre los servicios profesionales dentro de la ley. Si bien es cierto que el actual anteproyecto se centra abrumadoramente en la regulación de los colegios, los expertos legales consultados por este diario consideran poco probable que se incluya a su llegada al Parlamento una segunda parte de la ley significativamente amplia centrada en los servicios profesionales, en gran parte debido el avanzado estado de tramitación del actual articulado del anteproyecto.

Intervención del Estado sobre los colegios

Mientras tanto, del anterior borrador (fechado el 4 de noviembre) al que ha pasado por el Consejo de Estado, con fecha de 20 de diciembre, sí se han incluido importantes cambios para los colegios sanitarios que tienen muchas papeletas para llegar a la versión definitiva de la ley. Entre ellos destaca la especificación de los casos en los que el Estado puede intervenir un colegio por incumplir sus funciones públicas (artículos 32 y 33), una petición que exigían desde el colectivo sanitario dada la “inseguridad” que provocaba no explicitar en qué casos concretos podían ser depuestos sus directivos colegiales.

En pocas palabras, en estos artículos se establecen más ‘cortapisas’ antes de la intervención del Estado y se dan más ‘oportunidades legales’ a los colegios para corregir los supuestos errores. Por otra parte, se elimina cualquier tipo de cuota de inscripción en los colegios de adscripción obligatoria (todos los sanitarios) y se limita el pago anual a 250 euros, techo no especificado hasta este momento.

Se mantiene el régimen de incompatibilidades

Sin embargo, otros aspectos que han generado controversia en el ámbito sanitario se mantienen en esta última versión. De este modo, continúa recogiéndose prácticamente el régimen de incompatibilidades para los responsables colegiales. Salvo un pequeño detalle: donde antes se prohibía el desempeño paralelo de cargos directivos en entidades de seguro o mutualidades de previsión social, ahora se habla de la prohibición del “desempeño de cargos de administración y dirección en entidades aseguradoras”. Con esta modificación se despeja toda duda en la incompatibilidad de formar parte de los órganos de gobierno de un colegio sanitario y pertenecer al mismo tiempo a los consejos de administración o a los equipos de dirección de cualquier tipo de entidad que opere con seguros.

Asimismo, no se elimina de esta última redacción el principio de territorialidad por el cual un profesional sanitario puede colegiarse en cualquier provincia, sin importar donde ejerza la mayor parte de su actividad. Estos dos últimos puntos, las incompatibilidades y la territorialidad, han sido insistentemente criticados por los colegios sanitarios y han recibido observaciones negativas por parte del Consejo de Estado, aunque su modificación, bien con una nueva versión del anteproyecto o a bien través del trámite parlamentario, continua siendo una incógnita.

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