Antoni Comín y Carles Puigdemont en el Parlament.
10 nov. 2017 14:45H
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La candidatura de Barcelona para ser la nueva sede de la EMA -Agencia Europea del Medicamento- a Barcelona, que unió a principios de octubre al Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de la ciudad, se empieza a utilizar como arma arrojadiza por parte del núcleo más profundo del catalanismo, toda vez que el proyecto parece diluirse debido a la tensa situación en Cataluña provocada por el 'procés'. Sin embargo, la tesis defendida por el independentismo ha construido un relato paralelo en el que se culpa de que la EMA se aleje de la ciudad condal a la justicia española. En concreto se señala a los jueces que, en aplicación de la legislación vigente, han encarcelado a parte del antiguo Govern e, incluso, se esgrime que han obligado a exiliarse al exconsejero de Salud, Antoni Comín. Un relato hacia una agencia europea que choca frontalmente precisamente contra el criterio europeo, partidario de que se aplique la ley -y las penas de cárcel que correspondan- contra aquellos que lleven a cabo acciones inconstitucionales...
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