Sin pacto para renovar el convenio colectivo de la sanidad privada catalana

La sanidad privada de Cataluña no alcanza un acuerdo para renovar el convenio colectivo. El 31 de diciembre, tras un proceso de mediación delante del Departament d’Empresa i Treball con la representación sindical de la Unió General de Treballadors (UGT) y CCOO y las dos patronales sanitarias Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) y La Unió, no se llegó a ningún pacto.

Según las patronales sanitarias, el no haber llegado a un acuerdo da por finalizado el Convenio colectivo de trabajo de establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos de Cataluña. Sin embargo, UGT y CCOO defienden que el convenio colectivo sigue vigente.

El 20 de febrero de 2020 se inició la negociación colectiva y debido a la pandemia las partes llegaron a un acuerdo parcial durante 2020. En febrero de 2021 se retomaron las reuniones y el 29 de diciembre de 2021, después de 16 sesiones de comisión negociadora, se llegó a un preacuerdo para el 11º Convenio colectivo para 2021 y 2022, pendiente de ser ratificado por los órganos de decisión de las organizaciones firmantes. También se acordó una prórroga de la ultraactividad hasta el 31 de enero de 2022.

El 26 de enero de 2022, UGT notificó que la asamblea de delegados no había ratificado el preacuerdo firmado por las partes. Por ello, todas las partes, a excepción de UGT, propusieron alargar en 15 días la prórroga de ultraactividad en los mismos términos y condiciones establecidos en el acuerdo parcial del 29 de diciembre de 2021. El 31 de enero de 2022, UGT mantuvo su negativa en firmar una prórroga de ultraactividad de 15 días en los mismos términos establecidos en el acuerdo parcial y, en consecuencia, el convenio colectivo ha decaído definitivamente, según han manifestado las patronales sanitarias en un comunicado de prensa.

¿Cuál es el posicionamiento de UGT y CCOO?

Por su parte, la representación sindical de UGT y CCOO aseguran que la sanidad privada de Cataluña sí tiene convenio colectivo, porque a su parecer no ha decaído en base a la reforma laboral, según explican a Redacción Médica. Los sindicatos discrepan en la interpretación realizada por parte de las patronales sanitarias de si finalizaba o no el convenio colectivo.

"En el momento que una empresa no aplique el convenio colectivo, nosotros lo llevaremos al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya", avisa Juan Cobacho, secretario de sanidad privada de UGT. Cobacho declara que la negociación por parte de las patronales ha sido de "mala fe", porque algunas de sus propuestas han sido "vergonzosas e insuficientes".

UGT reivindicaba que el nuevo convenio colectivo debe reflejar el trabajo realizado durante la pandemia, recuperar la conciliación familiar, un incremento salarial de acuerdo con el IPC y con cláusula de revisión y un conjunto de medidas para que los profesionales se queden en el sector privado. Cobacho denuncia que los profesionales de la sanidad privada han tenido un crecimiento vegetativo en sus salarios del 1 por ciento en diez años.

CCOO también interpreta que el convenio colectivo sigue vigente. En palabras de José María Yagüe, "el 26 de enero dimos el visto bueno a seguir negociando hasta el 15 de febrero en el marco contemplado por el acuerdo y preacuerdo anteriores". No obstante, la negativa de UGT paralizó las negociaciones y el posicionamiento de CCOO es que "el convenio sigue vivo". Yagüe detalla que tanto ellos como el Departament de Treball están "preocupados por la posibilidad de que haya decaído un convenio colectivo que afecta a 20.000 personas".

Las patronales lamentan que los acuerdos recogidos en el preacuerdo firmado el 29 de diciembre de 2021 no se aplicarán. Entre ellos, incrementos del 1,4 por ciento a partir de julio de 2021 sobre los conceptos salariales y, para 2022, entre un 2,25 y 2,5 por ciento en función del nivel profesional. También mejoras en conceptos de pluses de sábados, domingos y festivos; la carrera profesional y el sistema de incentivación; y mejoras de carácter social y organizativo.

Por último, la ACES y La Unió creen que la ruptura de las negociaciones es una "situación preocupante e inédita que supone un retroceso en las condiciones laborales", además de considerar "buena fe negociadora y que se atendieron la mayoría de las peticiones sindicales". Según ha podido saber también este periódico, la ACES ha iniciado un estudio jurídico para evaluar qué pasa a partir de ahora y con las negociaciones.