La Fiscalía acusa a Comín de instigar la violencia del 1-O

La Fiscalía General del Estado lo tiene claro: la violencia ejercida en el 1-O se debió a la actitud del presidente del Govern catalán, Carles Puigdemont, y su Ejecutiva, así como los miembros de la Mesa del Parlament por celebrar “a toda costa” el referéndum inconstitucional. Así se desprende de las dos querellas presentadas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra 14 miembros del Govern –entre los que se encuentra el consejero de Salut, Antoni Comín- y seis miembros de la Mesa por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por todos los hechos acaecidos para la preparación del denominado ‘procès’.

Las dos querellas de la Fiscalía hacen un extenso y pormenorizado análisis de los hechos acaecidos desde el 9 de noviembre de 2015, cuando se aprobó en el Parlament la primera resolución abriendo el denominado ‘procès’ hacia la independencia, hasta la votación de la declaración unilateral y el cese del Govern por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución. En este relato, el fiscal también incluye los hechos violentos que ocurrieron el 1 de octubre y relata uno por uno numerosos incidentes registrados en centros de votación del referéndum ilegal en las provincias de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida.

Comín, especialmente señalado por el Ministerio Público

Según las querellas, a pesar de las decisiones judiciales “para el cumplimiento de la Constitución y la Ley, de las actuaciones para su ejecución de los agentes de la autoridad y contra la orden de suspensión de cualquier actividad que supusiera la celebración del referéndum”, el consejero ahora cesado Comín “destituyó a los presidentes de 29 consorcios sanitarios y entidades públicas sanitarias asumiendo él la responsabilidad de todos ellos”.

Esto demuestra, que “desde el Govern se seguía impulsando la celebración del referéndum a realizar mediante el llamamiento a la población para la ocupación masiva de las calles y de los centros electorales”. Para el fiscal, “la consigna repetida desde el Govern, los grupos parlamentarios independentistas y las entidades soberanistas de la 'resistencia pacífica' no era sino un eufemismo de lo que en realidad consistía en una incitación, difundida con publicidad y dirigida a los sectores independentistas de la población, para que se opusieran e hicieran frente a la actuación de los agentes de la autoridad a fin de que, en definitiva, no pudieran cumplir la orden judicial de impedir la celebración del referéndum”.

“Los querellados eran plenamente conscientes de que los sectores independentistas de la población por ellos movilizados, una vez hubieran ocupado los centros de votación y sus alrededores, quedaban sin ningún tipo de control. Sabían que estaban incitando a las muchedumbres para intimidar a los agentes policiales y para que éstos no pudieran hacer efectivo el mandato judicial y para que, en definitiva, no pudiera prevalecer el imperio de la Ley”, explica.

Eran conscientes de que iba a haber violencia

Y es que los querellados, en su opinión, “eran conscientes y asumían que esa misma muchedumbre iba a protagonizar también, como así ocurrió, actos de violencia material y física para la consecución de ese fin primario de celebrar el referéndum que ineludiblemente llevaría a conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España”.

En los escritos del Ministerio Público también se menciona la huelga general que se convocó en Cataluña dos días después del referéndum independentista, algo instigado también, a su juicio, por el Gobierno presidido por Puigdemont: “La huelga no fue convocada en defensa de los derechos de los trabajadores, sino como un acto más de fuerza secundado y favorecido por el Govern”.

Escraches ‘festejados’

Todo el “clima de tensión” auspiciado, según la Fiscalía, por el Govern y las entidades soberanistas “continuaba teniendo a gran parte de la población en actitud de absoluto rechazo a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad”, que fueron sometidos a “acoso” y “escraches”, lo cual fue “festejado” por dirigentes independentistas. “La situación no cesó de forma voluntaria ni pacífica por parte de los activistas, sino que terminó cuando el Ministerio del Interior tomó la determinación, el día 5 de octubre, de realojar a los agentes desplazados en provincias limítrofes con las catalanas, como Castellón o Huesca”, subrayan los escritos.