Cataluña estima que la supresión del euro por receta le costará 198 millones

Boi Ruiz, consejero de Salud de Cataluña.

Redacción. Barcelona
La Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña ha estimado en 198 millones de euros el coste de suprimir el euro por receta en las cuentas de 2013, en base a un incremento previsto del 9 por ciento en el gasto porque ya no existe el efecto disuasorio y los 87 millones que dejarán de recaudarse de forma directa.

Así consta en una respuesta parlamentaria de Boi Ruiz a la diputada y exconsellera Marina Geli (PSC), en la que también precisa que la factura farmacéutica del mes de enero ha sido 6,9 millones de euros superior a lo esperado (el euro por receta se suprimió el 17 de enero y la factura total de dicho mes asciende a 108,6 millones).

La Consejería ya cifró en 155,7 millones de euros el impacto económico, en este caso positivo, que la aplicación del euro por receta había tenido en las cuentas de 2012 (45,7 millones recaudados y 110 millones ahorrados por el efecto disuasorio de la medida), por lo que Salud estima la misma capacidad disuasoria para un año entero que solo medio, ya que la tasa estuvo en vigor únicamente seis meses durante 2012, desde el 23 de junio.

Más allá de las estimaciones, las recetas cursadas por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) en 2012 han representado un gasto para la Generalitat de 1.453 millones de euros, frente a los 1.695 millones de 2011, un descenso del 14,3 por ciento en la facturación.

Boi Ruiz apunta en su repuesta que el euro por receta aporta nuevos recursos económicos a la sanidad pública que ayudan a "minimizar los efectos de los ajustes presupuestarios", por lo que la supresión cautelar por parte del Tribunal Constitucional (TC) dificulta el cumplimiento de déficit.

“No se puede afirmar que la aplicación de la tasa sobre las recetas médicas y el nuevo modelo de copago definido por el Estado hayan supuesto una barrera de acceso al consumo racional de los medicamentos”, añade, citando la existencia de límite para los colectivos más débiles y pacientes crónicos.

A pesar de ello, 405.000 pacientes llegaron al tope de 36 euros por persona que había fijado el Govern como máximo en 2012, lo que representa que el 5,5 por ciento de la población catalana, los que consumieron más fármacos, pagaron el 32 por ciento del total recaudado, ya que estaban excluidos del pago 127.000 personas.