El Gobierno recurre las 35 horas al Constitucional

El Gobierno de Mariano Rajoy vuelve a cargar contra las 35 horas. Esta vez de manera oficial, ya que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad en relación con la medida del Ejecutivo manchego de reducir de 37,5 a 35 horas la jornada laboral semanal de los empleados públicos.

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes solicitar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación con la medida del Ejecutivo regional de Emiliano García-Page de reducir de 37,5 a 35 horas la jornada laboral semanal de los empleados públicos.

Este acuerdo, propuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, considera que la ley regional "contraviene lo dispuesto por el Estado a través de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2012, dictada con carácter básico, por la que se establece que la jornada general de trabajo del personal del sector público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual".

Según añade el acuerdo, esta solicitud de recurso "se lleva a cabo después de que la negociación prevista en el artículo 33.2 de la Ley del Tribunal Constitucional haya sido infructuosa y tras avalar el Consejo de Estado que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer el recurso".

Igualmente, y al amparo del artículo 161.2 de la Constitución, se solicita que se proceda a "suspender la disposición impugnada". "El precepto objeto de impugnación establece una jornada general de trabajo de todo el personal al servicio de las administraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cualquiera que sea su régimen jurídico y con inclusión del personal sanitario, de 35 horas semanales de promedio", expone el acuerdo.

Comisión bilateral

Para dirimir esta cuestión, el pasado 6 de abril se reunió una Comisión Bilateral entre ambas administraciones, donde se debatieron las dos medidas puestas en duda por el Gobierno nacional, en concreto la Disposición Adicional Segunda de la Ley autonómica 7/2015 que recoge el personal en edad de cesar por jubilación pero que se mantenga en activo computará igualmente para calcular la tasa de reposición de efectivos; y por otro el artículo 1 de la misma ley, que reducía de 37,5 a 35 horas la jornada laboral.

Esta ley entró en vigor el pasado 1 de enero y era una de las promesas electorales del actual Gobierno regional. El presidente autonómico, Emiliano García-Page, advirtió un día después de esta reunión que la derogación de la medida que reducía la jornada laboral podría poner en riesgo la creación de 450 empleos en el ámbito sanitario".

"Esperamos poder deshacernos de la amenaza del Gobierno de España. Estoy muy preocupado por la decisión de éste de echar abajo la vuelta al horario tradicional de funcionarios y servidores públicos, para acabar con las conocidas como 'horas Cospedal'", denunció en su momento.