Caso mascarillas: "Un consejero de Sanidad no se puede leer todo"

El exconsejero de Sanidad del Gobierno de Canarias Blas Trujillo ha admitido este viernes el "contrato fallido" de RR7, empresa a la que se pagaron cuatro millones de euros por adelantado en dos plazos por un millón de mascarillas que no fueron entregadas (fueron destruidas por Aduanas al ser falsas).

En una comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario ha indicado que se enteró de ese contrato por los medios de comunicación y dio cuenta de la tramitación dos días después en la Cámara. Ha admitido su “sorpresa” cuando se enteró de la destrucción de las mascarillas por parte de Aduanas y ha señalado que en el Gobierno se analizó el caso y se dio la orden de personarse en la causa judicial e instar a la Agencia Tributaria Canaria a la recuperación del dinero.

Trujillo ha asumido las "consecuencias graves" que tuvo este contrato pero ha dejado claro que es el "único contrato" con irregulariddaes administrativas pues los de Soluciones de Gestión o Megalab, vinculados al caso Koldo, no tienen “ninguna pega”, sino que se buscan “otras derivadas”.

Ha indicado que no conoce a "nadie" relacionado con todas esas empresas e incidido en que un consejero de Sanidad no tiene "ni idea" de los contratos que suscribe el SCS pues si lo hiciera, no podría hacer su trabajo. Incluso, ha admitido que no se leyó el informe de la Intervención General correspondiente a 2021. "Un consejero no lo puede leer todo", ha explicado.

En esa línea ha subrayado que su misión era garantizar que hubiera stock de material suficiente, hacer seguimiento de los indicadores de salud pública y seguir los datos de presión asistencial para evitar el colapso de los hospitales.

"No sabe lo que es el SCS", le ha espetado al diputado de Grupo Popular, Fernando Enseñat, subrayando que la responsabilidad de los contratos recaía en la Dirección General de Recursos Económicos del SCS dirigida por Ana María Pérez.

Trujillo ha apuntado que "jamás" se discutió en el comité de gestión sanitaria sobre contrataciones ni se dieron órdenes a funcionarios sobre algún contrato determinado, función que estaba reservada a Ana María Pérez y al director del SCS bajo su mandato, Conrado Domínguez. Ambos se encuentran imputados: por prevaricación; y por tráfico de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, respectivamente.

De hecho, y a modo de responsabilidades políticas, Trujillo ha tildado de "obvio" que ya no están al frente de esas funciones al tiempo que les ha responsabilizado también de renegociar el contrato con RR7 para abonar el segundo pago de dos millones. Ha comentado que fue él quien propuso a Domínguez como director del SCS y reconocido que fue cesado "por pérdida de confianza", y remarcado que no hay ningún miembro del Pacto de las Flores (el anterior Gobierno canario) investigado por contrataciones durante la pandemia.

Un panorama "terrorífico"

Trujillo ha recordado que el panorama era "terrorífico" en los primeros meses de la pandemia porque "se sabía muy poco" de la COVID-19 y había una "oferta escasísima" de material sanitario con China como "proveedor" mundial y empresas sanitarias que no podían responder a las necesidades del mercado.

Ha dicho que la ley de contratos públicos era "insuficiente" para afrontar la compra de material de ahí que se aprobara en marzo un decreto ley que preveía el pago por adelantando aún con “riesgo de quebranto” de las arcas públicas, y una UE que decía "hagan lo que sea" para proveerse de material.

Ha puesto como ejemplo que había "contratos cerrados" y después en China se abría una "subasta", mucha "volatilidad" en los precios, que la sanidad privada perdió tres millones de euros por material que no recibió y que todas las administraciones y empresas comprtaron material “no apto” en algún momento.

Asimismo, ha comentado que la sociedad canaria dejó como "legado" el "mejor control" de la mortalidad en la pandemia y cara al futuro, si hay nuevas pandemias, ha señalado que se debe lograr “más seguridad jurídica” tanto en las contrataciones como para los propios responsables de los departamentos pues son los que "firman".