Karla Garrido.
El diputado del PSOE, Guillem García Gasulla, ha mostrado su indignación respecto a las declaraciones del consejero de Sanidad, Martí Sansaloni sobre el dinero recaudado por el pago de las nuevas tarjetas sanitarias. “Entiendo que la cantidad recaudada debía destinarse a su fabricación y no a otras cuestiones sanitarias”, ha remarcado el socialista a Redacción Médica.
![]() Guillem García Gasulla, diputado del PSOE. |
Las tarjetas sanitarias que los ciudadanos deberían disponer desde mayo del pasado año aún no han llegado a sus manos. No obstante, la Administración acreditó a aquellos residentes de Baleares que habían pagado las tasas de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), con un papel. “Nadie, en nuestra vida cotidiana, paga por un producto y queda sin recibirlo. Menos aún recibimos alegremente la excusa de haber destinado el dinero a otra cosa”, ha criticado García Gasulla.
“En un ejercicio de transparencia Martí Sansaloni debería detallar esas cuestiones sanitarias”, ha asegurado a Redacción Médica en referencia a las palabras del consejero sobre la inversión de los 2,5 euros de las tasas administrativas de las TSI en “cuestiones sanitarias”.
Según el diputado socialista, el problema de fondo en esta cuestión de la TSI en las islas no es el retraso en el cumplimiento de la obligación de entregar la nueva tarjeta, sino el pago de 10 euros (10,25 euros para el 2013), que “disfrazado de tasa, nos hace distintos a los ciudadanos de las Islas Baleares del resto de los españoles”.
García Gasulla ha considerado que la tasa administrativa de la TSI puede ser “inconstitucional”, porque incumple la Ley de Sanidad que se entiende que al igual que el derecho fundamental a la salud es, además de universal y público, gratuito.
Asimismo, diputado socialista ha invitado a la lectura de los artículos 14 (Los españoles son iguales ante la ley...) y 149.1.1ª (El Estado tiene competencia exclusiva sobre... la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos...) ya que, según su opinión, la decisión del Govern balear “los vulnera”.