![]() Ricardo Oliván. |
Oliván ha situado la “adecuación del gasto y la maximización de la eficiencia para buscar la sostenibilidad” como el objetivo del Real Decreto-ley 16/2012 y ha criticado las “profecías alarmistas” de la oposición. El consejero ha señalado que en Aragón, “ante el hecho de que ciertos colectivos de inmigrantes perdieran el derecho a tarjeta sanitaria, que no es lo mismo que no tener derecho a asistencia básica, se vio conveniente hacer una lectura más amplia del marco legal del Real Decreto-ley”.
Los motivos que ha alegado el compareciente han sido que “se buscaba atender a quince mil personas en situación vulnerable y con una clara vocación de quedarse entre nosotros”, por lo que, a fecha de hoy, “se han aceptado trescientas tres solicitudes de un total de trescientas cuarenta y ocho”. El compareciente también se ha referido a “un convenio a firmar con personas que antes eran poseedoras de tarjeta sanitaria y no han podido beneficiarse del programa anterior”.
La diputada del PP Carmen María Susín ha solicitado a la oposición que “dejen la pancarta y escuchen de verdad a la gente, porque su discurso ya no se lo cree nadie” y ha recalcado que la sanidad “está garantizada para toda la población, sean residentes legales o ilegales de la Comunidad”. Susín ha agradecido el trabajo del consejero y ha afirmado que “el objetivo de las actuaciones adoptadas es establecer medidas de sostenibilidad para garantizar derechos”.
Eduardo Alonso, que ha intervenido en nombre del PSOE, se ha referido al Real Decreto-ley como “Decreto de los recortes” y ha calificado de “sarcasmo” que el consejero se refiera a él como “el de la salud publica”. Alonso ha criticado que, “a pesar de sus medidas, el gasto farmacéutico de su Departamento ha subido”, lo que, en palabras del diputado socialista, “indica claramente que no han funcionado”.
Por parte de CHA, Nieves Ibeas ha tachado la comparecencia de “provocación” y ha preguntado al consejero “porqué está permitiendo el deterioro de la sanidad pública”. Ibeas, que ha tildado de “fracaso épico” el programa Aragonés de Protección Social, ha declarado, refiriéndose a Oliván, que “usted no es un garante de mi condición como ciudadana y como yo piensan muchísimas personas”.
Para Patricia Luquín, representante de IU, el consejero “no debería seguir al frente del Departamento, ya que habla de la Salud exclusivamente con criterios de rentabilidad económica” y ha denunciado que “el Real Decreto pone precio a un derecho como es la Salud”. Luquin ha denunciado que “ustedes excluyeron a quince mil personas del sistema sanitario por trámites administrativos, quebrando así el principio de universalidad, accesibilidad y gratuidad” y ha exigido a Oliván que “gestione el dinero en beneficio de toda la ciudadanía”.