Farjas: “Se busca confundir sobre quién financia, quién asegura y quién provee”

Óscar López Alba / María Márquez / Imagen: Adrián Conde. Madrid
Pilar Farjas Abadía ‘batalla’ con la sanidad nacional en un despacho luminoso y sencillo. Algunos recuerdos de su tierra adoptiva, Galicia, y cuadros de un “amigo médico” le han acompañado en estos 13 meses que califica de “intensos”. Diplomática y dialogante, se rebela ante ciertos “intereses” que llevan a profesionales y pacientes a “confusiones” sobre la colaboración público-privada. Entre otras cuestiones, al 2013 ‘le pide’ el registro de profesionales, que las cifras de ahorro se consoliden y que PSOE dé su brazo a torcer para buscar el tan ansiado Pacto por la Sanidad.

Pilar Farjas.

¿Qué balance haría del primer año en la Secretaría de Sanidad y Consumo del Ministerio?

En primer lugar, deseo para Redacción Médica una nueva etapa de éxito, sobre todo  por la importancia de estas plataformas de comunicación y relación con los profesionales sanitarios, y que nos permiten hacer un seguimiento más próximo de la actualidad.

En cuanto a la pregunta, ha sido un año intenso, de muchísima actividad, de búsqueda de acuerdos, y en el que se ha trabajado intensamente con las autonomías, los servicios de salud, el sector. Hemos buscado la aportación de los ciudadanos con un objetivo prioritario, garantizar la sostenibilidad, superar la deuda y empezar a abordar el futuro dotando al SNS de un entorno de mayor estabilidad.

Tenemos al frente del Ministerio a una ministra que conoce muy bien el mundo parlamentario y las relaciones políticas, y con una apuesta decidida por avanzar en esta legislatura hacia un pacto en lo sanitario y lo social, que nos permita abordar el ámbito sociosanitario. Quiero destacar de forma especial el intenso trabajo que se ha hecho en el ámbito de los profesionales, en normas y formación, pero también en colaboración con sus representantes. En este sentido, hemos creado el Consejo de la Profesión Médica. Buscamos entornos de trabajo con consejeros, reuniones bilaterales y dotando al Consejo Interterritorial de contenido y acuerdos. Ha sido un año intenso de apuesta decidida por la sostenibilidad del SNS.

¿Cómo ven desde el Ministerio la contestación que se ha producido a la propuesta estrella de 2012, el RD 16/2012, y que por parte de algunos gobiernos autonómicos aún sigue vigente?

Se produce en el contexto político. Lo importante es que en el seno del Consejo Interterritorial del SNS se llegó a acuerdos que se plasmaron en una norma, en un RD que está ya aprobado por el Parlamento y en aplicación. Han sido normas que buscaban: aportar criterios de equidad en la aportación del usuario y estructurar la cartera de servicios para dotarla de coherencia interna y de estabilidad para el futuro; un modelo de actualización del nomenclátor; una nueva cartera suplementaria fundamentada en criterios de calidad para el paciente y de eficacia; reordenar a los profesionales y dotar de un modelo que transpusiese a la normativa española las directivas europeas que no se transpusieron en su momento.

Lo más trascendente de la norma es que las autonomías las están aplicando y las medidas de contención de gasto están siendo eficaces. Nos transmiten que la factura farmacéutica se está reduciendo a niveles que no eran imaginables hace un año. Eso es lo importante. Son medidas que ayudan a las comunidades a sostener el SNS.

¿Se han conseguido esos 7.000 millones de ahorro que marcó el presidente del Gobierno, Mariano Rajou?

El RD se aprobó con una evaluación de impacto de ahorro del primer año de medidas. Eso fue a finales de abril y las medidas empezaron a aplicarse en julio. Esos son los escenarios temporales a valorar. Pero lo cierto es que en gasto farmacéutico hemos superado el escenario de ahorro; también en dietoterápicos y en la estimación del gasto vinculado a la desfinanciación.

Cuando se cierren las cuentas de los servicios de salud en 2012, podremos conocer el impacto final en las cuentas reales de gasto de las autonomías. Hay que destacar que comenzamos el año 2011 con una deuda que superaba los 16.000 millones de euros, que se liquidó con el plan de pago a proveedores, y se demostró que la mayoría de deuda era en el sector salud, con un 73 por ciento de las facturas. Lo cierto es que los resultados de estabilización del conjunto del sector nos dicen que las medidas están permitiendo que las cuentas sean más estables en las autonomías.

¿Ya están tomadas las decisiones más importantes o prevén más?

El RD marca las seis grandes líneas de actuación. Hemos ampliado la asistencia universal a los profesionales liberales; en política farmacéutica vamos a aprobar todo un paquete de medidas; la plataforma de compras centralizadas ya contempla cuatro acuerdos marco, y por supuesto, se está trabajando en los siguientes. También se han tratado políticas de eficiencia energética, que han sido asumidas por varios servicios de salud; en recursos humanos se ha producido una unificación de criterios por parte de las autonomías (bonificaciones, control de IT…). Las áreas de capacitación específica están en exposición pública, y estamos recogiendo alegaciones del área de troncalidad... Había muchas más normas que estaban planteadas, como la Estrategia de Crónicos, ya en desarrollo. En el último Consejo Interterritorial se aprobó la reorganización de servicios bajo criterios de eficiencia.

Hay líneas de implantación inmediata, otras que exigían un desarrollo normativo, y otras que exigen la ejecución de programas de actuación.

El año pasado también se caracterizó por la protesta de los profesionales en diversas autonomías. Por otro lado, la OMC y otros representantes han solicitado públicamente que el Ministerio interceda de alguna forma. ¿Qué opinión le merece la situación?

La movilización en la calle responde a muchos intereses. El Ministerio es muy respetuoso con los ámbitos competenciales, defendiendo los que son del Estado y colaborando con los servicios autonómicos. En este sentido, continuaremos con el respeto a las autonomías. Todos los servicios de salud están tomando medidas porque la obligación de ajustarse a la capacidad de pago es legal y la tienen que cumplir.

Desde el Ministerio insistimos en el diálogo y en buscar la participación del profesional, identificando en qué áreas se pueden incorporar criterios de gestión clínica para mejoras de eficiencia. El profesional sanitario es la cara del sistema, la tecnología es adicional, ellos son la pieza clave, son los grandes aliados del SNS y del paciente. Con la OMC y los sindicatos médicos y de enfermería, con las organizaciones profesionales, llevamos un año intensísimo de búsqueda de acuerdos para facilitar la relación que no siempre es fácil porque no siempre las medidas se entienden igual ni se producen en los mismos contextos. En autonomías de distinto color han surgido problemas, y seguiremos insistiendo en que la mejor solución es sentarse con los profesionales y buscar el entorno de acuerdo.

Como médico, ¿cree que el profesional debe cambiar el chip del desempeño que ha hecho hasta ahora? ¿No se ha completado esa evolución?

Creo que el sistema no ha completado esa evolución, y el profesional está dentro del sistema. Hay excelentes ejemplos de cómo el profesional está posibilitando el ahorro, como la elección más eficiente de la prescripción. Son los altamente cualificados los que están trabajando en los hospitales para establecer protocolos de mejor uso de fármacos, y los que hacen realidad la integración de cuidados.

Lo cierto es que son grandes aliados, con ellos hemos contado para aprobar y definir todos los criterios de eficacia en la cartera de servicios. Han sido las sociedades científicas las que han definido la acreditación de unidades en Cardiología, Cirugía Cardiaca, avanzamos en Neurocirugía y Cirugía Pediátrica, técnicas de fecundación in vitro… Nos reunimos con el Consejo de la Profesión Médica, con organizaciones sindicales en distintos foros y hemos llegado a un acuerdo de equivalencias de categorías. Y definimos el desarrollo profesional en acuerdos que antes no se habían podido elaborar. Estamos trabajando en un nuevo modelo retributivo vinculando una parte variable a los resultados en indicadores de calidad. Hemos avanzado en sistemas informáticos… La verdad es que el trabajo de colaboración con el profesional es múltiple en distintos ámbitos, y queremos profundizar y seguir reforzando todas las mesas de trabajo. Transformar el modelo hacia la gestión por procesos y pacientes supone cambios organizativos y eso no se hace de un día para otro, pero sé que es el camino.

Farjas en un momento de la entrevista, realizada por el director de Publicaciones de Sanitaria 2000, Óscar López Alba, y la redactora María Márquez.

Las organizaciones profesionales, sobre todo colegiales, están preocupadas por la obligatoriedad de la colegiación. ¿Cuál es la postura ministerial?

El ministerio de Sanidad se ha pronunciado siempre defendiendo la colegiación de profesiones sanitarias reguladas.  En este marco, estamos trabajando en un proyecto de ley que pilota el ministerio de Economía. El Tribunal Constitucional ha ratificado su sentencia contra la modificación de las normas andaluzas dando la razón al Estado y defendiendo la colegiación, como garantía hacia el usuario. Este es el elemento diferencial y que la UE también tiene en cuenta a la hora de determinar la obligatoriedad.

Se hablaba de seguir el modelo gallego que precisamente usted implantó, ¿es ese el camino?

El único modelo que tenemos que seguir es el de la mejor atención a nuestros ciudadanos, y tener estructuras civiles de garantía de los códigos deontológicos de buenas prácticas. En esta tarea está ahora el Estado. Lo cierto es que el trabajo con los profesionales me enseñó que esa es la manera de trabajar con ellos, buscando la colaboración y corresponsabilidad. Sé que la mayoría de profesionales sanitarios son de los más comprometidos. Las medidas de contención de gasto han repercutido en nómina de profesionales y también en los ciudadanos, teniendo en cuenta el nivel de renta. Este es el esfuerzo cooperativo de sanidad. Las Administraciones públicas hemos reducido drásticamente también nuestros gastos superfluos, en el caso de Sanidad la reducción fue de casi un 20 por ciento en estructura directiva, junto al descenso de gastos.

Una de las reivindicaciones profesionales de los últimos años es el registro. Se preguntan cuál es el obstáculo para que esos datos puedan centralizarse. ¿Será este el año en el que por fin se materialice?

Será este año. Quisimos plasmarlo ya para superar de forma urgente las trabas legales con el Real Decreto de abril. El siguiente paso es desarrollarlo a través de un real decreto. Estamos trabajando con colegios profesionales, autonomías y el sector privado. Ahora la tecnología es una gran aliada, como se ha puesto de manifiesto en la plataforma interoperativa de historia clínica, con 16 millones de incorporaciones españolas dentro de los 16,5 millones de toda Europa.

Estamos en proceso de finalización del documento base para empezar a ponerlo sobre la mesa para su discusión y tramitación como real decreto. Además, este año es el de la transposición de la asistencia sanitaria transfronteriza y uno de los instrumentos que exige es la posibilidad de que desde cualquier país se pueda consultar si un profesional está colegiado y titulado, por tanto es una obligación en la que avanzaremos para su cumplimiento.

El Foro de Atención Primaria demanda más presupuesto para este nivel asistencial para optimizar el SNS. Desde la óptica ministerial, en la última etapa socialista, se hicieron amagos de reuniones pero no acabaron fructificando. ¿Tienen previsión de retomar estos contactos?

Estamos convencidos de que la Atención Primaria es el punto más estable de contacto con el paciente, y por tanto es básico dotarle de todos los instrumentos para acortar burocracia y tiempos de espera;  la telemedicina… Son las piezas fundamentales para que su capacidad resolutiva, diagnóstica y terapéutica sea mayor. El reto último es que organizativamente, a través de la integración de áreas, se eliminen las diferencias entre la gestión primaria y especializada, con vías de continuidad asistencial a crónicos, y se potencie el papel de estos profesionales, que están participando activamente en todas las estrategias que estamos desarrollando.

¿Qué expectativas tiene de la labor del Consejo Asesor de Sanidad, recuperado tras ocho años?

Es un instrumento importante, de apoyo a todas las decisiones que tenga que adoptar la ministra. El primer paso fue constituirlo de forma plural, con distintas personas de relevancia y con criterio. Están trabajando ya en distintos ámbitos, muy en especial en el Libro Blanco de las Profesiones Sanitarias y en las garantías de sostenibilidad del SNS. Más allá de petición de informe sobre temas puntuales, lo más importante es que abordan aspectos estructurales, de manera que desde la excelencia también haya una opinión.

La colaboración público-privado ha saltado a la prensa en los últimos meses de manera especial. ¿Cómo entiende el Ministerio este sistema?

Es una fórmula connatural a nuestro sistema. Más del 25 por ciento de las camas hospitalarias que se utilizan para el paciente público se provén por centros privados, a través de los múltiples modelos de contratación, y la concesión no es más que uno de ellos. Ya llevamos 15 años con un marco legal que se ha utilizado por parte de todos los gobiernos autonómicos de acuerdo a su estructura organizativa, sus sensibilidades, el sentir de su población o su estructura física. En Cataluña, más del 60 por ciento se presta a partir de proveedores privados. Y no es siempre parejo al color político de las comunidades. Desde los conciertos puntuales, singulares, consorcios, concesiones…. Son modelos todos de entornos que permiten una buena utilización de recursos.  El resultado final depende del tipo de contrato, sus cláusulas, el criterio de calidad. Y ese es el esfuerzo de las Administraciones, que respondan a la legalidad y que se garantice un uso óptimo y con resultados de calidad.

El Ministerio expresa su respeto permanente a las decisiones organizativas de las autonomías. Por otro lado, confundir al ciudadano sobre lo que es público y lo que es privado en el entorno sanitario, donde todos los españoles tienen garantizada la asistencia pública y gratuita, es buscar confundir sobre quién financia, quién asegura y quién provee.

En cuanto al modelo, creo que es obvio recordar la cantidad de concesiones, servicios, centros de especialidades, y alta tecnología que hay en autonomías de todo color político. Es un modelo de contratación que ha permitido movilizar recursos en momentos en los que los servicios de salud no tenían esos recursos.

Lo cierto es que es una de las banderas del Partido Socialista en la oposición, y da la sensación de que, al menos en la calle y en los medios de comunicación, el ámbito sanitario es el que distancia más al PSOE del PP. ¿Ve factible el Pacto por la Sanidad? Desde fuera parece más alejado que nunca…

Para que sea posible hace falta voluntad, y el Ministerio y el Grupo Parlamentario Popular lo ha reiterado al Partido Socialista porque hay una demanda clara de profesionales y pacientes para que se llegue a ese acuerdo, y que nos aleje de esta distorsión política de utilizar a la sanidad y los pacientes. Nunca la utilización de la sanidad para el debate político ha aportado valor a la atención al paciente, sino que crea conflictos en la relación de este con el médico. Creemos que es un momento de buscar apoyo y reforzar liderazgos y principios básicos del SNS.

La distorsión sobre la realidad nunca facilita clarificar la toma de decisiones, y también creo que hay un punto de responsabilidad en esto. No nos olvidemos de que empezamos en diciembre de 2011 con un SNS que estaba en una situación crítica, y que los gobiernos responsables fueron los del Partido Socialista. Por tanto es un esfuerzo de petición de coherencia y compromiso para buscar eficacia en resolver los problemas del sistema sanitario para las garantías de los pacientes.

Hemos escuchado cómo el secretario general del PSOE hacía una oferta estos días y también creemos que es el momento de que responda a la oferta hecha por el Ministerio para alcanzar un principio de acuerdo entre los dos grandes partidos.

Querríamos preguntarle por las industrias farmacéutica y tecnológica. Esta última ha recibido una mala noticia sobre la subida del IVA, de acuerdo con la sentencia europea.  Por otro lado, ¿qué perspectivas cree que se abre para el sector farmacéutico ante el sacrificio que se le ha pedido con las medidas de ahorro?

Hemos pedido un esfuerzo a todos los sectores. Por el peso del gasto farmacéutico en el gasto total de sanidad (del 19 por ciento mientras que en la UE está alrededor del 15 por ciento), sabemos que les hemos pedido un esfuerzo importante. Se espera que hagan un esfuerzo por la sostenibilidad y la aportación a la innovación real en tecnología. Es un sector con una gran capacidad de innovación y por tanto buscamos todos los entornos de trabajo conjunto, cómo captar todos los fondos europeos, y por supuesto, también colaborando con el ministerio de Economía en investigación.

Hemos empezado a analizar los contenidos del próximo RD regulando los sistemas de definición de precios de referencia y tenemos distintas mesas de trabajo buscando apoyo a políticas nacionales, además de la plataforma de compra centralizada o el compromiso al pronto pago del Gobierno.

Buscamos un futuro de trabajo conjunto para garantizar que podrán seguir innovando medicamentos que podremos financiar, unificar con un posicionamiento terapéutico. En el último Consejo Interterritorial, expuse que habrá un único procedimiento, el protocolo de indicación terapéutica para las innovaciones de todos los servicios de salud, y evitaremos así las segundas y terceras evaluaciones que se han generado alguna comunidad autónoma.

Es verdad que hay decisiones no tan positivas como la del Tribunal de Justicia de la UE sobre el IVA de productos sanitarios. Estamos trabajando con todos los sectores afectados y el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para determinar las agrupaciones de productos y así diferenciar los tipos de IVA en algunos de ellos que son de utilización final del paciente o que podrían ser susceptibles de un IVA más reducido. El objetivo es reducir el impacto a los entornos en los cuales sea prescindible.