Reino Unido plantea un copago sanitario más agresivo que el español

Cristina Alcalá. Madrid
Reino Unido es el último país de la Unión Europea en adoptar una iniciativa de contención del gasto sanitario para garantizar la sostenibilidad del sistema. Y para ello, este país toma como ejemplo lo que ya hizo España dos años atrás en esta materia, con la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012, pero con una vuelta de tuerca más: instaura un copago más agresivo entre los pacientes afectados, quienes pagarán más o menos en función de su procedencia.

Diferentes facturas entre ciudadanos europeos y extracomunitarios

Con la intención de acabar con el abuso que hacen ciertos colectivos sobre la sanidad pública y de recuperar el dinero que estas operaciones cuestan al erario público, explica el secretario de Salud de Reino Unido, Jeremy Hunt, esta campaña de copago está enfocada en aquellos pacientes que no tienen la nacionalidad y utilizan el Servicio Nacional de Salud británico (NHS en sus siglas en inglés), suponiendo un gasto extra que el país, ahora, no está dispuesta a asumir.

David Cameron, primer ministro de Reino Unido.

El Gobierno de David Cameron prevé un ahorro de hasta 500 millones de libras al año, unos 628 millones de euros, y afectará a dos tipos de sectores de la población: a los ciudadanos que pertenezcan a la Unión Europea, en cuyo caso percibirán un recargo del 125 por ciento sobre los tratamientos; y a los extracomunitarios, que pasarán a pagar el 150 por ciento. Es decir, que si la factura de la intervención de éstos últimos ronda las 100 libras, tras este anuncio, deberán desembolsar 150, una condición que sobrepasa la línea roja respetada por el copago español, donde se paga íntegramente el precio del coste que acarrea a los presupuestos públicos, y donde se respeta la universalidad de la sanidad.

“Nosotros no tenemos ningún problema que los visitantes que recibimos del exterior usen el NSH tanto tiempo como puedan pagarlo, al igual que las familias británicas hacen a través de sus impuestos”, ha remarcado Hunt.

Una norma cortoplacista y discriminatoria

Con la norma, que tiene prevista su entrada en vigor en la primavera del año que viene, Reino Unido pasa de ser un país sin copago a instaurar una medida para “mejorar los recursos” financieros de las prestaciones sanitarias, una situación que, en principio, se asemejaba a la de España, pero que finalmente se ha desvirtuado.

Hace dos años, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, coordinado por la titular de Sanidad, Ana Mato, aprobó el Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Saludad y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Una ley con la que la Administración pretende ahorrar a las arcas públicas unos 7.000 millones de euros en los dos primeros años y con la que ya se ha conseguido reducir el gasto farmacéutico en un 5,12 por ciento.

Sin embargo, a pesar de guardar similitud con la norma española, el ahorro que pretende Reino Unido es mucho más cortoplacista (en tan solo un año) y discriminatoria, ya que diferencia el acceso al sistema entre nacionalizados y no nacionalizados, y dentro de éstos últimos, entre ciudadanos europeos y extracomunitarios.

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