Redacción. Madrid
La Comunidad de Madrid se ha llevado de la calle Génova lo que venía a buscar en el Comité Ejecutivo del PP celebrado este lunes. El líder del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, ha puesto las cartas sobre la mesa: los 1.300 millones de euros que pierde Madrid con el actual sistema de financiación autonómico dejan la Comunidad sin recursos para pagar los servicios públicos, el primero de ellos la sanidad. González no ha conseguido que el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, accediera a su propuesta pero sí ha salido con una fecha para esa reforma, el segundo trimestre del próximo ejercicio.
![]() María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy en el Comité Ejecutivo del PP celebrado este lunes en Madrid. |
Entre el empuje de Madrid y el precipicio de Cataluña, en busca de un pacto fiscal a cambio de posponer sus reivindicaciones soberanistas, Rajoy no ha concretado su idea de reforma, aunque quiere dejar claro que no habrá dinero “a la carta” para las comunidades más potentes. Haya paz, pero eso sí, dejando en el aire la financiación de los servicios públicos, entre ellos el Sistema Nacional de Salud (SNS), hasta que salga a la luz la reforma fiscal el próximo año. Mientras tanto, el presidente del Gobierno ha afirmado que la revisión del sistema no se llevará a cabo “para favorecer a nadie” y ha reiterado que no tiene ningún pacto, “ni extraño ni no extraño, ni cambio ningún cromo. Eso no es verdad".
González ha acudido a la reunión con la idea de defender la necesidad de reformar urgentemente la financiación autonómica argumentando que el compromiso adquirido en la Conferencia de Presidentes era tenerla terminada a primeros de 2014. Tras la campaña en prensa de las últimas semanas, incluido un reivindicativo artículo de opinión publicado en El País, el presidente de Madrid ha confesado sentirse "muy satisfecho" al salir del Comité. A su juicio, se ha dejado "muy claro" que "no hay ningún resquicio para ningún modelo de financiación a la carta para nadie", en un mensaje indirecto para la catalana Alicia Sánchez-Camacho. "Si no, algunos podemos correr el riesgo de que esa situación de cumplir los objetivos no se cumpliera", ha apostillado.
Un modelo difícil de aplicar
El modelo vigente determina los recursos que el Estado transfiere a las autonomías para que estas puedan pagar las competencias transferidas, como la sanidad. Para ello, el sistema establece los criterios de reparto de estos recursos en función de la población, la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población y la riqueza per cápita. En total, el Estado transfiere cada año unos 90.000 millones de euros como parte de este sistema, informa El País.
La complejidad y la dificultad para aplicar el actual modelo son las principales críticas al actual sistema acordado en 2009. En su día, el sistema se ideó para favorecer a las regiones más pudientes (Cataluña, Madrid y Andalucía), que salían perjudicadas por el anterior reparto. En 2009 todo se diseñó pensando en que la economía crecería y generaría recursos adicionales que compensarían los desequilibrios, pero la larga crisis en la que se ha visto envuelto el país ha activado los mecanismos de solidaridad y ha favorecido a las comunidades con menos recursos.