La soledad, la cuenta pendiente de España en los cuidados a la dependencia

La innovación tecnológica y las mejoras sanitarias han traído consigo un aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, esto supone un nuevo reto para los sistemas sanitarios. Ante esta situación, la complejidad, la pluripatología y la dependencia se multiplican en todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Como consecuencia, también crece la demanda de cuidados a largo plazo (LTC, por sus siglas en inglés), donde se enmarcan servicios de atención personal y asistencia, lo que supone un  fuerte impacto en la economía de los países. El informe Evaluación de necesidades y criterios de elegibilidad en cuidados de larga duración de la OCDE analiza cómo las evaluaciones y criterios de acceso a servicios de LTC afectan el gasto público, comparando métodos, criterios y reformas en cinco países. En este sentido, España, es de los pocos que cambiaron los criterios de acceso a las ayudas de la dependencia para aumentar el número de beneficiarios tras la crisis del 2008. No obstante, continúa sin tener en consideración cuestiones sociales como la soledad.

Cómo se gestionan los sistemas de cuidados en la OCDE

Cada país cuenta con un mecanismo propio para determinar si una persona necesita cuidados de largo plazo y si puede acceder a asistencia financiada por el Estado. Ahora, los criterios y métodos utilizados contrastan mucho entre países. A nivel general, estas evaluaciones suelen centrarse en la capacidad de realizar actividades básicas diarias, como vestirse o alimentarse. Algunos países también incluyen factores emocionales y sociales, como la soledad o la percepción personal de autonomía. Aunque este no es el caso de España.

Así, mientras algunos Estados aplican sistemas de puntuación que otorgan más peso a ciertas limitaciones, otros establecen umbrales mínimos para considerar a alguien en situación de necesidad. Las evaluaciones más completas, presentes en lugares como Japón, España o Austria, consideran tanto las Actividades de la Vida Diaria (ADL) como las Instrumentales (IADL) y el estado cognitivo. En países como Canadá, Australia o el Reino Unido, también se valora la seguridad, el entorno familiar y la red de apoyo.

El caso de España, una excepción en la OCDE

Tras la crisis financiera de 2008, la mayoría de los países de la OCDE endurecieron los requisitos para acceder a cuidados de largo plazo. España, sin embargo, fue una excepción junto a Alemania y Eslovaquia, al ampliar los criterios de elegibilidad para aumentar el número de beneficiarios. En 2007, el país había puesto en marcha el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), lo que generó un fuerte aumento en las solicitudes durante los primeros años. Pese a la estabilidad en las solicitudes y aceptaciones del SAAD en la última década, persisten graves problemas en su funcionamiento.

El principal es la demora entre la evaluación y la prestación efectiva de los servicios. Entre 2008 y 2018, más de 200.000 personas calificadas seguían en lista de espera, superando el 20 % de los beneficiarios aceptados. Además, las diferencias en la gestión entre comunidades autónomas han intensificado las críticas, ya que muchas personas fallecen antes de recibir la atención aprobada.

Retos actuales en los sistemas de ayuda a la dependencia

En la actualidad, ante el acelerado envejecimiento de la población, muchos países están impulsando reformas en sus sistemas de cuidados de largo plazo. Así, entre las mejoras se destaca una visión más integral de las necesidades de las personas , que no se limita a los problemas físicos, sino que también incorpora aspectos mentales y cognitivos. Por otra parte, también se está poniendo el foco en reforzar los servicios de prevención  recuperación y en favorecer que las personas puedan recibir cuidados en casa en lugar de tener que mudarse a una residencia.

A nivel nacional, fue en marzo de 2024 cuando el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, reconoció públicamente la necesidad de abordar la soledad no deseada en las personas mayores. Según los datos de la Revista Española de Salud Pública (RESP),  la soledad eleva tanto la demanda asistencial como el consumo de fármacos, generando un coste anual de 6.101 millones de euros, lo que equivale al 0,51 por ciento del PIB. Por su parte, Bustinduy, al presentar los resultados del informe SOLiEDAD, elaborado por el CENIE y la Universidad de Salamanca, anunció la puesta en marcha de una Estrategia Nacional contra la Soledad. Esta iniciativa forma parte de lo que calificó como la “revolución de los cuidados”, basada en la cercanía, la atención comunitaria y la dignidad en el trato. El ministro también reiteró su compromiso con aumentar la financiación estatal de la dependencia hasta cubrir el 50 por ciento del coste total, y avanzó la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, cuyo objetivo es apoyar a las comunidades autónomas en la transición hacia modelos de atención más personalizados y centrados en la vida en el entorno familiar o comunitario.

Adicionalmente, el informe de la OCDE concluye afirmando que un buen sistema de cuidados de largo plazo eficaz debe ser justo, accesible y bien gestionado, además de estar adaptado a las particularidades sociales y económicas de cada país. Por tanto, entre sus propuestas más relevantes para la mejora de estos sistemas se incluye la necesidad de establecer criterios de evaluación homogéneos en todo el territorio y en la flexibilización y adaptación constante de los propios sistemas a los cambios demográficos, tecnológicos y presupuestarios de los países.