La Fiscalía se opone a dejar en libertad a los responsables de Magrudis

La Fiscalía Provincial de Sevilla ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, la juez Pilar Ordóñez, que investiga la causa por el brote de listeriosis producido este verano, que mantenga en prisión provisional comunicada y sin fianza al gerente y 'administrador de hecho' de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y a su hijo mayor, Sandro José Marín Rodríguez, propietario y administrador único de la empresa cárnica. Así, como se opone a los dos recursos presentados por el letrado de ambos, Hilario Aranda.

En ese auto, fechado el pasado 26 de septiembre, la magistrada recuerda que la causa fue incoada en virtud de un atestado de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil en el marco de una investigación por "una serie de actividades ilícitas que podrían estar llevando a cabo los integrantes de una trama organizada y que pondrían en la cadena comercial de alimentos para personas carne procesada con presencia de 'listeria monocytogenes' en concentraciones que la harían inadecuada para consumo humano, debido a una mala praxis en la manipulación y transformación de los productos cárnicos que ha provocado una intoxicación masiva con resultado de muertes, lesiones a fetos con resultados de abortos y lesiones a lo largo de todo el territorio nacional y especialmente en Andalucía".

Ninguna comunicación sobre la bacteria

Según expone la juez, los dos investigados que han ingresado en prisión "tenían conocimiento de que, al menos desde diciembre de 2018, la bacteria estaba en sus instalaciones", pues un análisis realizado por una empresa les advirtió en febrero de 2019 de la presencia de listeria en un lote de carne mechada casera etiquetado el 20 de diciembre de 2018, pero "no consta que ello fuera comunicado a la autoridad sanitaria ni que la entidad adoptara medida alguna, de hecho no fue ni comunicado a los trabajadores, ni se adoptó medida alguna para prevenir".

Asimismo, la juez señala que, por el momento, las consecuencias del brote de listeriosis en la provincia de Sevilla son tres fallecidos, dos abortos, 65 personas ingresadas, de ellas 17 embarazadas de las cuales tres han sufrido partos prematuros, además de once personas intoxicadas que no han requerido ingreso, "estándose a la espera del resultado y de averiguar cuantas personas han sido infectadas y han sufrido listeriosis fuera de la provincia de Sevilla".

En este punto, cifra en unos 800.000 euros los gastos que ello ha generado en la sanidad pública, al menos los gastos ocasionados por los servicios prestados por los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla capital.

Delito de alzamiento de bienes

De otra parte, la juez, en otro auto dictado, insta a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia a investigar a los responsables de la empresa Magrudis por un posible delito de alzamiento de bienes.

Así, en el auto con fecha de 7 de octubre, la jueza indica que además de las dos sociedades citadas, "existen antecedentes mercantiles, de los que se deduce que José Antonio Marín Ponce ha tenido cinco empresas registradas y cuatro de ellas han quedado sin actividad debido a créditos incobrables". Se trata de Marín y Maldonado SL, Sanmasur SL, Sierra Encina SL, Estirpe de Jabugo SL y Embutidos El Patio SL, siendo las cuatro últimas las que "paralizaron su actividad tras acumular deudas".

Además, siempre según Facua, la magistrada ha señalado que una de las cinco personas que fueron detenidas el pasado 24 de septiembre está vinculada a dos sociedades, Interweb Imagen SC y Rodríguez & Dorado Alimentación. El 23 de agosto también se tuvo conocimiento de la existencia de que la empresa Comercial Martínez León comercializaba productos procedentes de la trama investigada, "información que fue ocultada por los responsables de Magrudis".

Por ello, la jueza ha acordado encomendar a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia que realice "el estudio de las actividades económicas, tanto en España como en el extranjero, por parte de los investigados y de personas vinculadas por lazos familiares, que pudieran estar realizando labores de testaferro".