Hacienda insta a Sanidad a suprimir la receta de estupefacientes

Redacción. Madrid
El Ministerio de Hacienda, a través del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, ha instado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a simplificar la prescripción y dispensación de los medicamentos que contengan estupefacientes de uso humano mediante la integración en un solo documento de la receta oficial de estupefacientes (ROE) y la receta médica del Sistema Nacional de Salud (SNS), para la prescripción y dispensación con una sola receta.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Con ello, explican los expertos de la Comisión, “se simplificarán los mecanismos de control y procesamiento de los movimientos de medicamentos y sustancias estupefacientes”. Esta medida, junto a la batería de propuestas presentadas en el último Consejo de Ministros, supondrá un ahorro de 558 millones de euros en los próximos 3 años. Otra de las reformas destacadas no comentadas por Sanidad pero que sí aparecen en el informe de Hacienda es el traspaso de los Centros de Vacunación Internacional (CVI) dependientes del Estado a las comunidades autónomas.

Tal y como detalla la Comisión de Hacienda, el Estado dispone de 29 CVI (que dispensan solo 4 vacunas), existen otros 47 dependientes de las comunidades con encomiendas de gestión y 8 más con autorizaciones provisionales (que disponen de todas las vacunas del calendario sistemático y profilaxis antipalúdica, dando una mejor atención al viajero).

Para facilitar el acceso a esta prestación al ciudadano, argumentan, se debería ampliar el número de CVI en los que tienen este servicio completo para evitar demora en épocas de máxima afluencia (periodo estival). Además, proponen atribuir a las comunidades que lo soliciten la realización de las actividades de vacunación mediante encomiendas de gestión.

Criterios únicos para la Medicina del Trabajo

El Servicio de Prevención de riesgos laborales de las empresas es acreditado por la Administración General del Estado, mientras que los correspondientes servicios sanitarios en el ámbito de la Medicina del Trabajo deben ser autorizados por las comunidades. La existencia de diferentes criterios y normas autonómicas provoca “disfunciones en la acreditación de estos servicios, con el establecimiento de requisitos superiores a los del Estado”. Por este motivo, Hacienda propone a Sanidad la unificación de criterios en la acreditación de estos servicios y, además, en la autorización de los Servicios de Medicina del Trabajo, mediante la incorporación de una regulación dentro del proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

Por otra parte, la Subcomisión de Duplicidades del informe ha pedido al equipo de Ana Mato que suprima la Comisión Interministerial para el estudio de asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del SNS o implicaciones significativas, ya que sus funciones están duplicadas con varias comisiones de Hacienda y con la propia Comisión de Precios de Medicamentos del Ministerio de Sanidad.