El FLA, entre la necesidad y la rebeldía autonómica

En el Consejo de Gobierno andaluz de esta semana se decidió que la región se adherirá al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Un paso que dará a la comunidad un total de 1.971 millones de euros: 1.247 en el primer trimestre del año y 724,7 en el segundo. De la cantidad total, 556,28 millones se destinarán a amortizar vencimientos, 112,6 a financiar el objetivo de déficit y 55,82 a la devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación correspondientes a 2008 y 2009.

Un paso que ya han dado o están tratando de dar otras comunidades autónomas, dado el contexto de dificultades financieras que sufren, con los consiguientes problemas para financiarse. Murcia, por ejemplo, hace dos semanas se apuntó al protocolo de sostenibilidad del gasto farmacéutico, una de las llaves que desbloquean el acceso al citado fondo, dado que en 2015 incumplió el objetivo de déficit marcado por el Gobierno central. El citado protocolo consiste en que el crecimiento en el gasto en farmacia vaya paralelo al aumento del PIB, y fue firmado el pasado mes de noviembre.

Sin embargo, algunas voces han sido más crudas respecto a las posibilidades reales de cumplir el mencionado protocolo. Albert Serra, secretario general de Salud de Cataluña afirmó durante el V Encuentro de Altos Cargos, organizado por Sanitaria 2000, que se firmaría pero que no se podría cumplir por las propias estrecheces económicas que viven las comunidades.

Este jueves, José María Vergeles admitió ante la Asamblea de Extremadura que se habían acogido al protocolo porque necesitaban los fondos del FLA. “Tenemos que firmar este acuerdo por imperativo legal”, afirmó antes de dejar claro que no le gusta nada del convenio que el Ministerio de Sanidad firmó con la industria. “Este acuerdo solo beneficia a Farmaindustria y plantea situaciones que podrían ser leoninas para las comunidades autónomas”, añadió.

La Comunidad Valenciana, la más endeudada de España, no solo ha tenido que apoyar este acuerdo sino que además ha tenido que ir haciendo otros ajustes, como un acuerdo de no disponibilidad de 78 millones de euros, para recibir una cantidad que no llega. Esto se debe a que Hacienda todavía tiene que dar el visto bueno a la estrechez de cuentas planteada por el Ejecutivo valenciano y que se calcula llegará a principios de junio.