Dos profesionales sanitarios en un pasillo de hospital.
El Sindicato de Enfermería Satse ha pedido este lunes la
"urgente aprobación" del Proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud para que "se pueda garantizar la gestión pública directa de la atención sanitaria". Para justificar esta ley, el sindicato ha denunciado sin más datos que las administraciones sanitarias recurren
"con demasiada ligereza a los conciertos con la sanidad privada, sobre todo en periodo preelectorales, porque les sale más barato, en lugar de invertir en los recursos y profesionales necesarios". Una acusación que varias comunidades autónomas rechazan de plano y critican que el sindicato enfermero diga que están aumentando las derivaciones en periodo preelectoral cuando
es “falso” y "carente de datos".
Diversas fuentes autonómicas consultadas por
Redacción Médica han rechazado que estén aumentando las derivaciones de pacientes de la sanidad pública a la privada en periodo preelectoral dado que “los conciertos sanitarios están firmados desde que se inicia la legislatura”. También denuncian que
“no todo vale” e invitan a Satse a demostrar "con datos" que las derivaciones están aumentando en periodo preelectoral.
Que el sindicato enfermero diga que están aumentando las derivaciones en periodo preelectoral es “falso” y "carente de datos"
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En este sentido, señalan que “es muy difícil que las derivaciones a la sanidad privada aumenten de la noche a la mañana sin mayor pretexto, dado que "se necesita
una licitación previa que justifique la contratación con un hospital fuera de la red pública”. También recuerda que los conciertos sanitarios son una herramienta más que tiene el Sistema Nacional de Salud "para ofrecer una asistencia de calidad a todos los pacientes".
Desde la
Comunidad Valenciana, por ejemplo, no se dan por aludidos y recuerdan que su región ha acabado en esta legislatura con las concesiones que tenía con la privada para “otorgar a varios hospitales la titularidad cien por cien pública”. En el caso de Extremadura, detallan que “solo tenemos dos conciertos con la sanidad privada para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas para el ámbito hospitalario en el marco de las listas de espera con el objetivo de cumplir con la
Ley de Respuesta del Sistema Sanitario Público”.
Extremadura se refiere en concreto a los programas Galeno y Paracelso, que comenzaron a partir de las transferencias sanitarias y el nacimiento del Servicio Extremeño de Salud. Estos convenios, subrayan,
“se renuevan mediante licitación pública”.
Debate parlamentario en torno a la Ley de Equiedad
El Proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud está a la espera del debate de las enmiendas parciales de los distintos grupos políticos. Satse pide a los partidos que no retrasen más su tramitación parlamentaria y, una vez arranque el debate en la Comisión de Sanidad, "sean ágiles y eficaces" para que pueda ser aprobada finalmente en el Pleno de la Cámara Baja con el claro objetivo de proteger al sistema sanitario público de
"tentaciones improcedentes".
Sin embargo, en la Comisión de Sanidad del pasado martes se aprobó una PNL presentada por Ciudadanos para
“defender y mejorar la asistencia sanitaria privada”. Una propuesta que va en línea con el apoyo del Gobierno para dar poderes a las comunidades y que
gestionen los servicios de salud con las empresas de la privada.
Tal y como avanzó este diario, en pleno debate sobre los límites de los conciertos que se fijarán con la nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión impulsada por el Ministerio de Sanidad, el Ejecutivo ha dado un espaldarazo estas fórmulas de colaboración,
aunque ha delegado la decisión final en las autonomías.
Fuentes del Ejecutivo apuntaban en una respuesta parlamentaria registrada en el Congreso de los Diputados que los servicios de salud de cada región con los “competentes en la gestión de la asistencia sanitaria en su territorio”, lo que les da libertad también para fijar su modelo de gestión con las compañías del sector privado.
“Son los que establecen la colaboración que consideran oportuna con la sanidad privada”, han subrayado.
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