CSI.F advierte de que las unidades de gestión clínica serán externalizadas

María Márquez / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI•F) ha advertido, en el seno de las VI Jornadas de Debate del Sector Nacional de Sanidad, que la modificación del Estatuto Marco “abre una puerta” a la externalización de las Unidades de Gestión Clínica (UGC) una vez que “la mayoría de profesionales” se hayan incorporados a ellas. Así lo ha defendido el asesor sindical en Castilla y León, José Julio Benito.

Fernando Molina, presidente nacional del Sector de Sanidad de CSI·F, acompañado por los ponentes de la jornada. De izquierda a derecha: Carlos Amaya, asesor del sindicato; José Julio Benito, asesor sindical en Castilla y León; y Francisco Toquero, asesor de MIR y Comunicación en CSI·F.

CSI·F cree que hay UGC que funcionan bien

Benito ha analizado el impacto del Estatuto Marco en las Unidades de Gestión Clínica (UGC). El representante sindical duda de las intenciones ministeriales con el futuro real decreto que proyecta y apunta que el objetivo de este sea “cambiar el régimen de estatutario a laboral”, pese a que la Administración insiste en que la incorporación a las UGC será voluntaria. Esto lleva a Benito a pensar en que una vez que las condiciones laborales sean modificadas, las UGC tendrán “personalidad jurídica propia” y de ahí a la externalización de las mismas, argumenta, habrá un paso. “Cuando la mayoría de trabajadores entren en las UGC, cambiarán la ley a través de la puerta abierta que deja esa modificación que han hecho del Estatuto Marco”. Fundamenta esta teoría en el hecho de que varios consejeros ya han manifestado públicamente que la condición estatutaria se ha quedado “obsoleta”, y cita como ejemplo a la titular de la sanidad gallega, Rocío Mosquera. Por otro lado, Benito no entiende esa urgencia de modificar las UGC “teniendo en cuenta que hay modelos que han funcionado bien en autonomías como Asturias, Navarra, País Vasco o Andalucía”.

Calidad deficiente

Francisco Toquero, asesor MIR y de Comunicación de CSI•F, ha lamentado en su intervención que ni las Consejerías ni el Ministerio están velando como debieran por la calidad asistencial, lo que provoca que los profesionales se sientan “burócratas de la sanidad”, llamados a conseguir ahorro sin participar realmente en la eficiencia del sistema. Toquero ha denunciado un déficit de calidad de los aspectos humano, técnico, y de “entorno”, lo que se traduce en que “los servicios de salud no tengan los resultados deseados, aparezca la variabilidad clínica, los usuarios estén insatisfechos y los profesionales desmotivados”. Por todo ello, ha instado a la elaboración de una “estrategia nacional para fortalecer la calidad de la asistencia sanitaria y la atención al paciente”.

Duro golpe para las políticas de RRHH en 2014

Como ponente en la jornada también ha participado Carlos Amaya, asesor del sindicato y encargado de exponer qué factores de eficiencia son necesarios para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). La fórmula se basaría en cuatro parámetros principales: disminuir las situaciones de conflicto de intereses; contar con criterios explícitos de priorización; mejorar la variabilidad clínica (por ejemplo, con técnicas de ‘benchmarking’); dar una “mayor confianza” al médico en la prescripción; y estar alerta ante el sobrediagnóstico o la repetición de pruebas diagnósticas. Amaya ha llamado la atención sobre la delicada situación en la que se encontrarán las políticas de recursos humanos el próximo año, y advierte (tras analizar los presupuestos autonómicos que ya han sido aprobados) que las sustituciones, ofertas públicas de empleo y peonadas serán eliminadas.

La Defensora del Pueblo no ve inconstitucional el cambio en el Estatuto Marco

Tal y como informaba Redacción Médica el pasado 31 de octubre, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha recibido una respuesta negativa de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a su petición de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante una disposición contemplada en la Ley del Medicamento que afecta al redactado del Estatuto Marco y de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS). CESM, al igual que ha defendido este miércoles CSI·F, considera que se ha puesto en riesgo la condición jurídica de los profesionales estatutarios que se incorporen a las futuras UGC.