El presidente en funciones del CES es Pedro C. Fernández Alén.
El
Consejo Económico y Social (CES) de España ha publicado, con motivo de sus sesión ordinaria del mes de septiembre, un nuevo informe sobre las prioridades de la inversión pública en la que insta al Ejecutivo a priorizar la colaboración público-privada en áreas como la
sanidad, la educación y los servicios sociales. Así, el documento del organismo critica que la dotación de los sistemas de salud, de ciudades y de investigación es “insuficiente” y “viene siendo objeto de un descenso de la inversión pública desde 2009-2010”.
En el informe, aunque sin propuestas concretas, el CES remarca que “resulta necesario” reforzar la inversión pública y potenciar la colaboración público-privada, además de garantizar su adecuada gestión. A su parecer, esta inversión supondría al país “estar mejor preparado” para poder hacer frente a sucesos “tan adversos o trágicos”, en referencia a la
crisis sanitaria del coronavirus Covid-19.
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El CES augura que todas estas mejoras “deben ir acompañadas de una mayor inversión en capital humano” que, tal y como se señala en el informe, no está incluida en el concepto contable de inversión pública "a pesar de sus evidentes beneficios económicos de largo plazo”. En ese punto señalan que es necesario
priorizar el gasto en servicios educativos, sociales y sanitarios. “La inversión en intangibles como la educación, la formación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico adquiere especial relevancia, sobre todo en un contexto de avance digital y de necesaria eficiencia en la gestión”, avala el informe.
Contextualiza el Consejo Económico y Social que, la frágil situación de la I+D+i en España, "no supone
más del 0,7 por cien del PIB”. Su refuerzo -explican-, era una de las prioridades estratégicas de inversión apuntadas en el informe y provocó que, entre las primeras medidas aprobadas para hacer frente a la pandemia, estuviera el
refuerzo de la I+D+i biosanitaria y en salud”.
Como señala el informe, es necesario un “aumento sostenido en el tiempo de la inversión en I+D+i” y que se dote de estabilidad a las políticas en este terreno, tanto en el ámbito público, “garantizando la continuidad en la financiación de los proyectos y
la estabilidad laboral de los investigadores”, como en el privado.
En esta área privada, el CES apuesta por que se deberían adoptar medidas para lograr un mayor aprovechamiento por parte de las
empresas de los fondos destinados a proyectos de I+D+i, en especial de los europeos."Para ello -concluye el informe-, se debería mejorar y flexibilizar el marco regulador del sistema de incentivos,
eliminando trabas burocráticas injustificadas y mejorando los
procedimientos de acceso".
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