Bruselas asegura que el gasto sanitario de los jubilados europeos no pone en riesgo el SNS

Javier Leo / Redacción. Madrid
“No parece muy probable que el gasto del Gobierno español en la asistencia sanitaria a los pensionistas europeos pueda por sí mismo poner en riesgo el Estado de Bienestar en España”. Con esta frase concluye el informe presentado por el comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, en el que se analiza el impacto presupuestario del ‘turismo sanitario’ en nuestro país.

László Andor, comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales.

La Comisión Europea cree que la nueva directiva para acotar este tipo de prácticas no tendrá un coste importante para España porque permite a los hospitales cobrar por adelantado el tratamiento a los pacientes, que serán los que tengan que pedir el reembolso a su país de residencia. La directiva entra en vigor el próximo 25 de octubre, aunque la mayoría de los Estados miembros aún no la ha incorporado a su legislación interna. Bruselas estima que la demanda transfronteriza de tratamientos representa únicamente el 1 por ciento del gasto público en sanidad, es decir, alrededor de 10.000 millones de euros.

España, según admite el Ejecutivo comunitario, ha expresado en el pasado su "preocupación" por el movimiento de pacientes con la tarjeta sanitaria porque "los hospitales se quejaban de no recibir el dinero de los pacientes extranjeros tratados". La nueva directiva "no debería crear este tipo de problemas en España porque dice claramente que los Estados miembros, los hospitales y los médicos tienen derecho a pedir a los pacientes que paguen por adelantado", han explicado fuentes comunitarias. "Con este sistema no hay motivos para que España pierda dinero por tratar a pacientes extranjeros", han resaltado.

Los jubilados europeos, los que más recursos consumen

Se trata de uno de los argumentos más repetidos por la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el último año para justificar la reforma del Real Decreto 16/2012 y la exclusión de ciertos colectivos de la cobertura sanitaria universal. Según datos del propio Ministerio, antes de la reforma, casi 700.000 extranjeros accedían sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ocasionaba un gasto de 917 millones de euros cada año al Estado español. Ese gasto se repartía entre inmigrantes sin recursos económicos que se beneficiaban del SNS, 300 millones de euros generados por unos 450.000 inmigrantes, y el resto, hasta los 917 millones, que era consumido por los 230.000 pensionistas extranjeros empadronados en España.

De esos 230.000 jubilados que representaban la mayor parte del gasto sanitario de los inmigrantes en España, el informe de la Comisión Europea cifra en 218.000 los pensionistas europeos residentes en España (la mayoría de Reino Unido, Alemania y Francia) y en unos 117.000 los que se benefician directamente de la sanidad pública a expensas del Estado español (el 54% del total de pensionistas europeos). Sin embargo, el análisis advierte de que buena parte de esos 117.000 jubilados pueden tener sus gastos sanitarios cubiertos por otro Estado miembro en el que hayan trabajado o por alguna cobertura privada, dato no contrastado por el Gobierno español.

Falta de datos contrastados en España

Precisamente en este punto se hace énfasis en varias partes del informe, en el que lamentan la falta de disponibilidad, actualidad y contraste de muchos de los datos ofrecidos por España para justificar las restricciones en el acceso a la asistencia sanitaria. En base a los datos disponibles, todos de antes del 16/2012, la Comisión Europea ofrece una estimación al alza del gasto sin retorno generado por esos pensionistas de 299,5 millones de euros en este año 2013, el 0,4 por ciento del gasto total en sanidad, muy por debajo del 1 por ciento de media en Europa.

Si se tiene en cuenta que los datos sobre los que se basa el informe son anteriores a la reforma sanitaria, los expertos de la Comisión Europea podrían estar poniendo en duda uno de los pilares ideológicos sobre los que se fundamenta el Real Decreto 16/2012: el abuso de la sanidad pública por parte de los inmigrantes, en especial los europeos, pone en peligro la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Estos datos llegan, además, pocos días después de que el Consejo de Europa advirtiera de que el 16/2012 está socavando los derechos humanos de los residentes en España. Dos toques de atención desde Europa a los argumentos del Gobierno español que dejan en entredicho los argumentos en los que basa el Ejecutivo su hoja de ruta en sanidad.