Alonso, condenado por el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del Partido Popular (PP), Javier Maroto, así como al resto del equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria en 2007, por causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas al firmar un contrato público para el alquiler de unas oficinas con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado.

Ambos dirigentes han sido condenados por su “responsabilidad contable” en este caso, junto con el resto de representantes de la Corporación, por firmar con el empresario Gonzálo Antón un contrato público para el alquiler de unas oficinas.

Entre todos ellos deberán hacer frente al pago de los casi 400.000 euros en los que el órgano fiscalizador ha cifrado el quebranto económico. El PP ha asegurado que recurrirá la decisión, según información de agencias.

El contrato, firmado por el Gobierno municipal y en el que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros.

Además, según señaló la Comisión de Investigación municipal creada en su día en torno a este asunto, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.

Estimación parcial del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas ha estimado parcialmente las demandas formuladas por el actual Ayuntamiento de Vitoria, gobernado por el PNV, y los representantes del PSE-EE y el partido jeltzale en el Consistorio.

El órgano fiscalizador cifra en 393.072,31 euros el perjuicio causado a los fondos públicos del Ayuntamiento, y declara "responsable contable directo" de dicho quebranto a Maroto, Alonso, Miguel Ángel Echevarría, Encina Serrano, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz, Alfredo Iturricha, Marian Castellanos e Idoia Garmendia, todos ellos miembros del Gobierno municipal del PP que firmó el contrato en 2007.

El Tribunal de Cuentas condena a todos ellos, como "responsables directos y solidarios de los perjuicios ocasionados en los fondos públicos del Ayuntamiento de Vitoria" al pago de los 393.072,31 euros en los que se ha cifrado el quebranto a las arcas públicas.

Este Tribunal absuelve, no obstante, a Maroto y a los dos concejales de Hacienda que le sucedieron en el cargo, Marian Gutiérrez (PSE) y Manuel Uriarte (PP), de la responsabilidad contable “por alcance” formalizada contra ellos por “incorrecta actualización de renta” en los años 2009, 2012 y 2013.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso y el vicesecretario de Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, recurrirán de inmediato la sentencia del Tribunal de Cuentas contra ambos a quienes considera "responsables contables" de haber causado un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato público con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado.

El PP atribuye la sentencia a la ideología política

Fuentes del Partido Popular han asegurado que la ponente de la sentencia en el Tribunal de Cuentas pertenece a Izquierda Unida y que el asunto por el  que condenan tanto a Alonso como a Maroto se reduce a mera cuestión contable.

Estas fuentes próximas a los dos condenados han subrayado que lo que se discute en la denuncia estriba en el hecho de que el precio por metro cuadrado de las oficinas que alquiló el Ayuntamiento de Vitoria en 2007 al empresario Gonzalo Antón respondía a la cantidad bien d diez, bien de 12 euros.

Y recuerdan que la denuncia se presentó por la vía penal, fue archivada por no encontrar indicios de delito y que los propios denunciantes habían afirmado en su momento que no lo denunciaban como un caso de corrupción.

La denuncia, presentada por el PSOE, el PNV y Bildu, se presentó durante la campaña electoral y tras ésta, Bildu se retiró del caso.

Factura de 7,6 millones al Ayuntamiento

El contrato, firmado por el Gobierno municipal en el que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

Según determinó en su día la Comisión de Investigación del Consistorio, el alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros.

Además, según el mismo órgano, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.