Los consejeros de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real, y de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado.
Dos comunidades autónomas, Cantabria y Castilla y León, han firmado sendos convenios con los colegios de médicos provinciales
para implantar la validación periódica colegial (VPC) entre sus profesionales de la Medicina, certificado que será obligatorio en toda España a partir de enero de 2017.
Ambos servicios de salud autonómicos se han comprometido a integrar de inmediato en su funcionamiento los certificados de VPC, según ha confirmado a Redacción Médica el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan Manuel Garrote.
En el caso de Castilla y León, se firmó un convenio al respecto en 2013; desde entonces –siempre según esta fuente– se plantearon diversos modos de “premiar o incentivar” a los médicos para que solicitasen su VPC, un certificado (hasta finales de año todavía voluntario) que acredita que aquéllos
reúnen los estándares de preparación y formación, así como las condiciones psico-físicas óptimas, para el desempeño del oficio.
Entre los incentivos que se han barajado por parte del servicio de salud regional castellano-leonés figura el de
primar con puntos adicionales en las oposiciones y concursos de traslado a aquéllos médicos que pidan la VPC a su entidad provincial.
Hasta la fecha, otras regiones, como Andalucía, han acelerado el proceso de recertificación, pero no el de la expedición de la VPC, según ha aclarado a este diario el propio Garrote: “En 2013 se firmó el convenio al respecto con la Junta de Castilla y León y su Consejería de Sanidad, y este miércoles se ha hecho lo propio con la de Cantabria; otra cosa es que en Andalucía se puso en marcha, hace años, un sistema de recertificación propio y exclusivo”.
Firma del acuerdo en el Colegio de Cantabria
En el caso de la Consejería de Sanidad y el Colegio Oficial de Médicos (COM) de Cantabria, en efecto han suscrito este miércoles
un convenio para desarrollar la VPC de los médicos adscritos al SCS, según han ratificado a Redacción Médica fuentes de la institución colegial.
Con este acuerdo, firmado por la consejera de Sanidad, María Luisa Real, y el presidente del Colegio autonómico, Tomás Cobo, se afianza la garantía de las aptitudes psicofísicas y de la competencia profesional de los médicos. En el acto también ha estado presente el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC),
Juan José Rodríguez Sendín.
De acuerdo con estas fuentes, la VPC es una certificación médica que
se renueva cada seis años y que garantiza a la sociedad en general, y al paciente en particular, que los médicos reúnen los estándares necesarios para ejercer como tales. A éstos también les garantiza que sus actos profesionales estén avalados por las estructuras profesionales.
La VPC fue aprobada en 2015 por la OMC. En el mismo año, Tomás Cobo trasmitió a María Luisa Real su deseo de que esta certificación se implantase en Cantabria, encontrando la mejor disposición por parte de la consejera para llevar a cabo este objetivo, que ahora se concreta con la firma del acuerdo.
En él, la Consejería de Sanidad, por medio el SCS, se compromete a fomentar y difundir el procedimiento de la VPC entre los médicos del SCS y a expedir los certificados de su aptitud psicofísica a través de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Igualmente, expedirá las certificaciones justificativas de su vida laboral que exige el procedimiento de la VPC.
Compromiso del COM de Cantabria
El COM de Cantabria, por su parte, adquiere el compromiso de
requerir a los médicos colegiados del SCS que participan en el procedimiento de la VPC, que obtengan los certificados de aptitud psicofísica.
Además, el COM informará a la Gerencia del SCS sobre el resultado del procedimiento y a
hacer pública en su página web la relación de los médicos que hayan recibido el certificado de VPC para conocimiento de los usuarios del sistema sanitario
(consulte aquí la circulas enviada por el COM cántabro a sus colegiados).
Para llevar a cabo el seguimiento del desarrollo del convenio que ha sido suscrito, se creará una comisión formada por cuatro personas, dos de ellas nombradas a propuesta del presidente del Colegio Oficial de Médicos y otras dos a propuesta de la Consejería de Sanidad.
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