Farmaindustria alerta del sobrecoste de no invertir en medicamentos innovadores

Javier Barbado / Imagen: Miguel Ángel Escobar y Adrián Conde. Segovia
El director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, José Ramón Luis-Yagüe, ha alertado de que, a pesar de que el ahorro farmacéutico acumulado desde 2010 lo hace posible, España invierte poco en tratamientos innovadores (en un estudio reciente de la Unión Europea, ocupa el lugar 17º de los 27 países). En los últimos tres años –ha señalado– se han aprobado 27 fármacos oncológicos innovadores, y solo siete de ellos, entre los aprobados por el NICE británico, están aprobados en España, lo que considera “preocupante”.

Luis-Yagüe puso como ejemplo paradigmático de su denuncia el tratamiento ya disponible para la hepatitis virus C, que la cura; reconoció la carestía de esta terapia (30.000 euros por enfermo) pero la contrastó con lo que costaría tratar al paciente si no se le erradica la infección vírica a largo plazo: “Solo diré que el coste de un trasplante de hígado ronda los 70.000 euros”, zanjó.

Este médico y representante de Farmaindustria ha recordado que, de cada cien euros de ahorro en España, 60  ha sido en medicamentos sanitarios: “Los ahorros han ido a expensas de los medicamentos y los recortes de sueldos a los funcionarios y a los profesionales sanitarios”, ha asegurado. “Además, se ha reforzado el derecho al acceso a los medicamentos en condiciones de efectividad real”, añadió, y matizó que la política farmacéutica constituye una de las vías de aplicación de los derechos constitucionales básicos.

Para Luis-Yagüe, el término “solvencia” debería reemplazar al de “sostenibilidad”; según recordó, en 2010 se alcanzó el pico de mayor gasto farmacéutico del SNS y, a partir de ese año, se observa una clara reducción y un ahorro global de 4.000 millones de euros, lo que abre el paso a que se dedique, en su opinión, a aspectos como la innovación.

Por su parte, Nieves Martín, directora técnica de Farmacia de la Junta de Castilla y León, analizó el impacto de la innovación en la prestación farmacéutica. Recordó que es uno de los criterios que se utilizan para integrar medicamentos por parte de las autoridades sanitarias y que “hay mejora progresivas que repercuten en la mejora de la calidad de vida de los pacientes” pero, en todo caso, no debe obviarse el grado de coste-eficiencia del fármaco.

En su disertación, citó el Comité Mixto en el que participan en la actualidad seis comunidades autónomas y que valora qué fármacos se encuentran disponibles con receta en la actualidad. 

Respecto a la farmacia hospitalaria, mencionó medidas de selección y gestión tomadas por las comunidades autónomas y la existencia de colaboración, en el aspecto evaluador, del Grupo Génesis.

Por otro lado, según constató, comparada con países de su entorno, España se halla algo por encima de la media en incorporación de innovaciones en el campo farmacéutico. También citó la creación pendiente del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica, y recalcó que las autonomías se mantienen expectantes en este sentido.

“Las comunidades autónomas, por medio de los servicios de salud, son responsables de la financiación de la prestación farmacéutica y su cuantía se encuentra en el 30 por ciento de asistencia sanitaria y el 10 por ciento del presupuesto total de la comunidad autónoma”, informó.

José Ramón Luis-Yagüe, Nieves Martín, José Luis Albarracín y Juan Carrión Tudela.

Desde la Comisión Interministerial de Precios, según Martín, se debe valorar también la repercusión futura del uso, eficacia y eficiencia de los medicamentos utilizados. E hizo alusión a la financiación sujeta al establecimiento de un protocolo y a la proliferación de contratos de riesgo compartido.

Reivindicó el análisis y evaluación, así como el seguimiento, de los medicamentos por medio de los informes de posicionamiento terapéutico, y reclamó un marco de cooperación entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), las comunidades autónomas y la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia (Dgcbsf).

José Ramón Luis-Yagüe, NIeves Martín y Juan Carrión Tudela.

Defendió, por último, la implantación de los IPT porque “reducen la variabilidad, crean transparencias en los informes y suponen un apoyo para los profesionales en Atención Primaria y en los hospitales”.

Por su parte, Juan Carrión Tudela, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, calculó entre 73 y 81 medicamentos huérfanos en Europa autorizados para unas 28 enfermedades raras, y, en España, “el Ministerio no ha autorizado algunos medicamentos aprobados por la Agencia Europea y eso ha supuesto que haya fármacos autorizados por la Emea desde 2008 que aquí no se pueden utilizar”.

Rafael López Iglesias, gerente del Área Integrada de Salud de Zamora, y Juan Carlos Risueño, gerente del Complejo Hospitalario de Segovia. En la siguiente instantánea, Bárbara Pérez, miembro de la Dirección Médica de AXA-Winterthur, y Julio de la Rosa, director comercial de Gasmedi.

Carrión Tudela citó un sondeo de la Federación que preside y alertó, por ejemplo, que el 39 por ciento de los pacientes con enfermedades raras se topan con dificultades para acceder a medicamentos de uso compasivo. “Existe desigualdad en el acceso a medicamentos huérfanos en España, e incluso hay traslados de una autonomía a otra para poder acceder a un fármaco en concreto”, criticó. “E incluso se difiere, dentro de una misma comunidad, en los criterios de acceso a estos medicamentos según los hospitales”, denunció. En su opinión, estos fármacos deben costearse con fondos específicos procedentes del Estado.

A la izquierda, Paloma Jiménez Alexa, subdirectora médica del Hospital General de Segovia, y Francisco J. Elviro, gerente del Hospital de El Escorial. En la imagen de la derecha, José Luis Albarracín, subdirector general de Asistencia del Servicio Murciano de Salud, junto a su esposa.

Moderó el debate José Luis Albarracín, subdirector general de Asistencia Especializada del Servicio Murciano de Salud, quien se preguntó por el papel de las Comisiones de Farmacia, si deben tomar decisiones vinculantes o no y en qué nivel y qué hacer con la incorporación de nuevos pacientes a tratamientos preestablecidos, entre otros asuntos adicionales.

Votación del auditorio

Al auditorio se le preguntó si “debemos usar un medicamento autorizado por la Aemps pero aún no financiado por el SNS porque espera a una resolución que, presumiblemente, bajará el precio”, y el 64 por ciento dijo que sí. También se le interrogó sobre si cree que ligar la retribución a objetivos en los que haya reducción del gasto farmacéutico puede tener algún papel en la mejora de la calidad y la eficiencia.