Antonio Sánchez Díaz, director general de Muface.
El Congreso de los Diputados, a través de su Comisión Mixta para las relaciones con el
Tribunal de Cuentas, ha instado a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (
Muface) a corregir la "
deficiente gestión y control de las prestaciones
farmacéuticas" a su cargo, un problema que se evidenciaba en
un informe del Alto Tribunal del ejercicio 2015, según recoge este lunes el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
La Comisión Mixta ha asumido el contenido del citado informe y ha instado a la mutualidad de
funcionarios civiles a establecer una serie de
criterios internos, o a reforzar los ya existentes, para evitar estas deficiencias en la gestión de prestaciones farmacéuticas. Entre estas medidas destaca la de implementar los controles a los beneficiarios, para lo que pide que se realicen contrastes periódicos entre las bases de datos de Muface y la de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con el objetivo de determinar el
nivel de ingresos de los beneficiarios, así como comprobar con los datos de la Seguridad Social que éstos no están acogidos a otro
régimen de la misma.
Y es que hasta la fecha de emisión del informe, en 2015, la mutualidad sólo comprobaba que los titulares de sus servicios no fueran beneficiarios de otro régimen de la Seguridad Social en la fecha de alta,
sin cruzar datos sobre el requisito de convivencia con el titular ni su nivel de ingresos. Asimismo, tampoco facilitaba información sobre posibles duplicidades o posibles afiliaciones indebidas.
Esta y otras irregularidades llevaron, según el informe de 2015, a anotar cerca de
11.000 facturas de recetas de manera irregular en aquel año, de las cuales 5.951 prescripciones con visado fueron facturadas y pagadas por parte de Muface sin comprobar si contaban con un informe médico en vigor, mientras que 4.761 no fueron grabadas en la aplicación informática ni revisadas por los servicios provinciales. Del mismo modo, 424 no incorporaron el sello de visado, por lo que debieron haber sido anuladas.
Recuperación de sobrecostes
Asimismo, la Comisión Mixta pide a la mutualidad que arbitre las medidas oportunas para
recuperar las cantidades abonadas "en exceso" a los centros hospitalarios por la financiación de los medicamentos de la hepatitis C.
También le reclama que aplique las medidas oportunas para que
los centros hospitalarios apliquen la deducción del 7,5 por ciento de la facturación de los medicamentos de dispensación hospitalaria, y aprobar las instrucciones necesarias para su aplicación por los Servicios Provinciales.
Impulso de la e-salud y de protocolos internos
Como medida para un mayor control de la gestión farmacéutica, la Comisión considera que avanzar en la implantación de la receta electrónica, la tarjeta sanitaria única y la historia clínica digital
facilitaría estas labores de inspección, además de contribuir a que cualquier ciudadano pueda ser atendido y recibir sus medicamentos en cualquier punto de España.
Por otro lado, para reforzar el control en el seno de la mutualidad, le recomienda establecer por escrito
manuales y protocolos internos sobre el procedimiento de gestión y control de los requisitos de acceso a las prestaciones farmacéuticas, de coordinación con otros organismos, de control de los talonarios de recetas médicas y para evitar deficiencias en la gestión e inspección respecto de la facturación y pago de las prestaciones a colegios de farmacéuticos y centros hospitalarios adscritos a las entidades de seguro.
Auditoría para medir el impacto económico
La Comisión Mixta también ha instado al Ministerio de Hacienda y Función Pública y al Tribunal de Cuentas a que lleven a cabo
una auditoría que concrete el impacto económico de "la deficiente gestión y control administrativo" de estas prestaciones farmacéuticas.
Del mismo modo, solicita al departamento de Cristóbal Montoro que, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y el de Empleo e Igualdad,
dote a Muface de los medios materiales y humanos "suficientes para las funciones asignadas".
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