Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
El
Ministerio de Sanidad lo tiene claro: son las
comunidades autónomas las que deben tomar la decisión de si desean
colaborar con la privada. Así lo afirman en una respuesta a una pregunta del Congreso de los Diputados en la que el Partido Popular (PP) preguntó por la intención del Gobierno de "impulsar, coordinar o poner en marcha en algún momento
medidas de gobernanza sanitaria eficaces e incluyentes del sector empresarial sanitario, de gran fortaleza en el tejido laboral y económico de España", tal y como también pidió la
Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) cuando Mónica García fue designada para liderar este departamento.
Concretamente, en la
pregunta planteada por el
PP firmada por María Luis del Moral, Carmen Fúnez, Marta González, Ana Pastor, Antonio Román, María del Mar Vázquez y Elvira Velasco; se hace alusión a que la privada subrayó la
escasez de profesionales en el sistema sanitario español como un
"problema estructural" y "uno de los retos principales que tendrá que abordar la nueva ministra de Sanidad". Fueron ellos los primeros en pedir soluciones para abordar esta situación y el
PP ha recogido el guante y ha lanzado cuestiones más concretas.
"¿Qué medidas se tiene previsto
impulsar, liderar, coordinar o poner en marcha desde el Gobierno para hacerlo posible? ¿En qué consistirán exactamente esas medidas? ¿Qué recursos -tipos y cantidades- invertirá el Gobierno para llevar a la práctica dichas medidas? ¿Cómo consensuará el Gobierno esas medidas en las comunidades autónomas? ¿Y con los representantes de la
sanidad privada? ¿En qué
plazos reales de tiempo se tiene previsto desde el Gobierno impulsar, liderar, coordinar o poner en marcha esas medidas? De no ser así, ¿por qué razones?", han sido las preguntas que ha formulado la oposición en dicho escrito.
Por su parte, el
Ejecutivo ha defendido su trabajo para fortalecer el
Sistema Nacional de Salud (SNS). Según indican, para hacer
frente a todos los retos sanitarios toman como referencia permanente el acuerdo de la nueva coalición de gobierno progresista y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
"No obstante, debe señalarse que las comunidades autónomas son las
competentes en la gestión de la asistencia sanitaria en su territorio; por tanto, son los servicios de salud autonómicos los que
establecen la colaboración que consideran oportuna", afirman en su respuesta.
Reducir la lista de espera de la sanidad pública
En esta misma línea, cuando García llegó a la cartera de Sanidad, desde
ASPE pidieron una reunión "urgente" para establecer, cuanto antes, las líneas para un
diálogo "constante y constructivo" que fortalezca el entendimiento entre ambas partes. Uno de los aspectos al que aludieron fue la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada y eliminar cualquier traba a la cooperación: "Es improbable que el Gobierno de coalición pueda acabar con las listas de espera sin contar con la sanidad privada. Desde la democracia, ninguna CCAA ha podido gestionar el sistema de salud
prescindiendo de forma absoluta de la colaboración de la sanidad privada, tanto por su flexibilidad como por el coste".
Por ello, destacaron que el
sector privado cuenta con 432 hospitales (el 56 por ciento del total en España) y 49.861 camas (31 por ciento). En cuanto a quirófanos, el sector empresarial hospitalario aporta el 36 por ciento del total disponibles en España (1.626). Igualmente, en términos de equipamiento de alta tecnología, disponen del
52 por ciento de las resonancias magnéticas, el 44 por ciento de los PET, el 42 por ciento de los mamógrafos y el 41 por ciento de las unidades de hemodinámica.
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