La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El
Ministerio de Hacienda autorizará un importe de
3.521,7 millones de euros para el
nuevo convenio de la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface) de cara al periodo comprendido entre 2022 y 2024, con el que se despliega prestación sanitaria a funcionarios de la administración general del estado
al margen del sistema público de salud.
Una medida que ha generado
observaciones críticas por parte del
Ministerio de Derechos Sociales, que dirige
Ione Belarra, al cuestionar la extensión de los conciertos con entidades aseguradoras y el
aumento de las primas que reciben, e incidir en que el
acuerdo de coalición pauta la evolución de un
sistema de atención plenamente público, según han destallado a
Europa Press fuentes gubernamentales.
El acuerdo se autorizará en
Consejo de Ministros de este martes y además
se aprobará una subida la prima de hasta el 10 por ciento, como adelantó
Redacción Médica.
La propuesta que someterá el Ministerio de Hacienda contempla esa cuantía para que el Muface,
la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y e
l Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) celebren conciertos con aseguradoras para
dar cobertura sanitaria en centros privados a los funcionarios.
Por su parte, el
Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra ha trasladado al departamento de Hacienda unas
observaciones críticas, tanto a la extensión en el tiempo de este modelo mutualista como al aumento del importe para los conciertos. La partida de 3.521 millones supone un
incremento en las primas que recibirán las aseguradoras entre el 8 y el 10 por ciento.
Observaciones críticas de Podemos
Específicamente, según la documentación a la que ha tenido acceso
Europa Press, se estipula un
aumento del 8 por ciento para el año que viene, que se elevará al 8,75 por ciento para 2023
y un 10 por ciento en el tercer año (2024) con relación a la prima del ejercicio 2020-2021. Incrementos que son justificados por el aumento del número de mutualistas, al envejecimiento del colectivo y la
inclusión de nuevas prestaciones comunes al Sistema Nacional de Salud (SNS).
Sin embargo, el Ministerio que dirige Unidas Podemos entiende que dicha explicación "no es acorde tanto con los datos disponibles como
con el compromiso del acuerdo de Gobierno, que señala explícitamente
el blindaje del sistema público de salud y la apuesta por una sanidad en base a la gestión pública directa".
También desgrana que la prestación sanitaria objeto de los conciertos
incorpora servicios no incluidos en la cartera común de servicios del SNS, como
20 sesiones de psicoterapia anuales, seis consultas podológicas anuales, prestaciones en salud bucodental y que "se contará con habitación individual con baño o ducha y cama de acompañante" en los ingresos hospitalarios.
"Desde este departamento se comparte la importancia de muchas de esas acciones, pero se enfatiza la necesidad de que
estas sean incorporadas en el Sistema Nacional de Salud, velando por su extensión universal a toda la ciudadanía", esgrime Derechos Sociales.
Finalmente, este departamento ministerial señala la necesidad de cumplir el acuerdo de Gobierno y, de esta forma, defiende la necesidad de adoptar un "cambio progresivo con este objetivo, el cual debería realizarse mediante la inclusión de las
nuevas incorporaciones de la administración pública directamente al Sistema Nacional de Salud".
"Esto permitiría ir realizando
una evolución progresiva, comenzando dicha modificación en las nuevas incorporaciones. Desde este departamento se manifiesta la necesidad de llevar a cabo acciones en ese sentido, con el objetivo de seguir avanzando en la gestión directa de la sanidad
y el refuerzo del sistema público de salud.
Recientemente,
el grupo parlamentario de Unidas Podemos registro una proposición no de ley en el Congreso que demanda la progresiva eliminación de este sistema de mutualidades para los funcionarios e integrar esta atención en el SNS,
mediante el fortalecimiento del servicio público sanitario.
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