La vía parlamentaria para atajar agresiones en sanidad alcanza grado de Ley

El Partido Popular ha asumido la encomienda de la Organización Médica Colegial (OMC) de promulgar en las Cortes Generales una Ley de violencia en el ámbito sanitario. La propuesta ha sido registrada ya en el Congreso de los Diputados, e incorpora algunas de las reivindicaciones de la asociación de facultativos como las relativas a la creación de un registro nacional de agresiones a profesionales, facilidades a la movilidad laboral para las víctimas y la obligación de disponer de seguros colectivos.  

Lo cierto es que los populares ya abanderaron en el pasado iniciativas contra las agresiones a profesionales de la salud, aunque fuentes de esta formación matizan que se trataban de PNL. El objetivo ahora es elevar la lucha contra la violencia en la sanidad a rango de Ley, y para ello vienen trabajando de la mano de la OMC para definirla.

Se trata, reza la propuesta, de una ley para “regular las medidas mínimas y básicas a implantar por el empleador, público o privado, en los centros de trabajo”. En este sentido, establece que cada servicio de salud o empresa habrá de contar “con un plan de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario”. Este tendrá “sustantividad propia” y deberá recoger el “compromiso” tanto de la administración o compañía como del propio profesional de “involucrarse y mantener una participación activa” para paliar esta problemática.

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"El servicio de salud se personará como acusación particular en las causas penales abiertas con ocasión de actos de violencia sanitaria"

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La estrategia establece que los profesionales que sean víctimas de un ataque “deberán poner los hechos en conocimiento del empleador de forma inmediata”. A más tardar, en las 24 horas siguientes. “A tal efecto se empleará un formulario que estará a disposición de la víctima de la agresión, que se presentará ante el Servicio de Prevención incluso de forma telemática”, dicta la Proposición de Ley.

En esta línea, la norma insta al Ministerio de Sanidad a crear un Registro Nacional de actos de violencia en el ámbito sanitario en el que habrán de inscribirse y registrarse todas las agresiones que hayan sido notificados por el personal sanitario, “así como la identificación de la víctima y del agresor”.

“El empleador pondrá a disposición del personal sanitario que haya sido víctima de un acto de violencia en el ámbito sanitario, un servicio específico encargado de prestar el apoyo psicológico que en cada caso se precise -dispone el PL-. También habrá a su disposición un servicio encargado de tramitar directamente con el Ministerio Fiscal las denuncias que pudiera presentar con ocasión de un acto de violencia en el ámbito sanitario. En el ámbito de la Administración Pública, el Servicio de Salud se personará como acusación particular en las causas penales abiertas con ocasión de actos de violencia sanitaria sufridos durante el tiempo de trabajo por su personal sanitario.

De forma paralela, la Ley impondría a las administraciones disponer de un seguro “que garantice al personal víctima de un acto de violencia la gratuidad de los servicios jurídicos que precise” para la reparación del daño, así como el “resarcimiento económico de los perjuicios físicos o psicológicos”. El profesional, además, tendría el derecho de solicitar traslado a otro puesto de trabajo “o en su caso, servicio o unidad”.

Medidas del Gobierno contra las agresiones a sanitarios

Tras anunciar el pasado junio la OMC su intención de caminar hacia una Ley específica de agresiones a sanitarios, Redacción Médica consultó a las formaciones que sustentan la coalición de Gobierno de coalición, que todavía no han exteriorizado su inclinación.

El PSOE, de hecho, subrayó que a nivel estatal ya existen medidas preventivas frente a las posibles agresiones a profesionales sanitarios, como el protocolo común ad hoc para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se estableció mediante la Instrucción 3/2017 del Ministerio del Interior. Por otro lado, aludió a una función de la app Alertcops, también de Interior, para proteger de forma expresa al colectivo sanitario que está disponible desde 2020.

Además, tal y como indicaron fuentes socialistas a este medio, se cuenta con dos grupos de trabajo en el seno del Ministerio de Sanidad, uno creado en 2017 para elaborar las bases de un sistema de información de agresiones a los profesionales del SNS, y otro constituido en 2018 para analizar y estudiar hechos de esta índole.

Aumentan las agresiones a sanitarios

Solo en 2023, el Ministerio de Sanidad detectó 14.749 casos de agresión a sanitarios. El pasado ejercicio no solo aumentaron los insultos, vejaciones y amenazas (12.549, un 12,5 por ciento más), sino también los ataques físicos (+16,5 por ciento), que alcanzaron los 2.335.

“Los profesionales en el ámbito sanitario son el principal activo del Sistema Nacional de Salud (SNS) —destaca Sanidad en su último informe—. A pesar de ello, son un colectivo que se ve afectado por agresiones de diferente índole en el ejercicio de su actividad profesional”. Se trata, denuncia, de "situaciones violentas que les ponen en riesgo y pueden provocar efectos nocivos tanto en la seguridad como en el sistema sanitario en su conjunto”.